Renovación de cargos judiciales

Una baza que jugar

Emilio Campmany

Nos enteramos por El País de que este mes será el que finalmente vea la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial. Para más adelante quedarán los nombramientos que toca hacer en el Tribunal Constitucional. Si esto es verdad, los populares se equivocan.

Al PSOE le interesa que la renovación del Consejo se produzca cuanto antes para que los nombramientos judiciales que de allí salgan recaigan en gente de su cuerda. Respecto al Tribunal Constitucional, en cambio, le conviene que su actual composición continúe hasta que haya sentencia acerca del Estatuto catalán, puesto que la de ahora garantiza una sentencia favorable a su constitucionalidad. Recordemos que, en este asunto, se empezó por esperar un empate a seis que la presidenta María Emilia Casas desharía en favor del Gobierno; que, al prosperar la recusación presentada contra Pablo Pérez Tremps por haber redactado un informe sobre el futuro estatuto, la sentencia más probable sería una de inconstitucionalidad; y que, tras la muerte de García-Calvo el mayo pasado, lo previsible es la vuelta al empate, esta vez a cinco, y a la seguridad de que Casas lo dirimirá a favor del Estatuto.

Por eso, al PSOE le interesa que el Constitucional se quede como está, a pesar de que a un tercio de los magistrados, incluida María Emilia Casas, les venció el mandato en diciembre pasado. El PP, en cambio, necesita que la plaza vacante del magistrado fallecido se cubra, ya que, como García-Calvo fue designado por ellos, tienen que ser ellos quienes designen al sustituto. Cubierta la plaza vacante con un conservador, los populares podrían razonablemente esperar una sentencia estimatoria de su recurso.

En estas condiciones, lo normal es que nadie diera su brazo a torcer. Pero, no. Si El País está bien informado, el PP se dispone a aceptar la renovación del Consejo sin haberse asegurado la sustitución de García-Calvo. Probablemente, los socialistas han dicho que si se cubre la plaza de García-Calvo hay que hacer a la vez los nombramientos que están pendientes desde diciembre. Al PP no le viene bien que se lleve a cabo esta renovación porque, cuando se haga, aun cubriéndose la plaza de García-Calvo con un conservador, los socialistas tendrán una mayoría de seis a cinco porque tres conservadores y una progresista serían probablemente sustituidos por dos de un bando y dos de otro.

De manera que el PP se ve obligado a elegir entre no renovar nada, en cuyo caso pierde, o renovarlo todo, para perder igualmente. Sólo gana si se renueva sólo la plaza de García-Calvo. Y exigir este nombramiento y negarse a hacer los demás que tocan no es presentable.

Sin embargo, entre no renovar y renovarlo todo, los del PP deberían, en contra de lo que parece que han hecho, preferir esto último. Esta baza tiene dos ventajas: el PSOE tendría que enfrentarse a la impaciencia que un nuevo retraso suscitaría en el PSC y, por otro lado, siempre cabría la esperanza de que alguno de los nuevos magistrados progresistas que el PSOE eligiera fuera susceptible de ser convencido de la inconstitucionalidad del Estatuto.

En cualquier caso, no se entiende que el PP consienta la renovación del Consejo sin exigir como contrapartida que se nombre un sustituto a García-Calvo. Tolerarlo es aceptar soluciones opuestas para órganos y problemas similares de manera que todos ellos se resuelvan del modo más beneficioso para el PSOE.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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