Piratas

Un bakio trae mil alakranas

Emilio Campmany

Pagar el rescate en caso de secuestro constituye un delito de encubrimiento, que es el que comete quien auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, precio o producto del delito, sin ánimo de lucro propio. En la práctica, las autoridades muestran poco interés en perseguir a quienes pagan rescates. Por un lado, no hay efecto disuasorio, ya que nadie va a dejar de pagar por miedo a una condena penal si lo que está en juego es la vida de un ser querido. Por otro, porque es probable que el tribunal acabe apreciando en el encubridor la eximente de estado de necesidad (cuando el mal causado es inferior al que se trata de evitar). Y, por último, porque habitualmente la comisión es muy difícil de probar.

Cuando es un Gobierno el que paga un rescate, el encubrimiento tampoco suele ser perseguido. En estos casos, aunque la existencia de la causa eximente debiera ser apreciada por el tribunal que juzgue los hechos, dadas las competencias constitucionales del Gobierno, su valoración de estar protegiendo con su decisión de pagar un bien superior (en este caso, las vidas de los secuestrados) implica per se la concurrencia del estado de necesidad.

Ahora, a diferencia de lo ocurrido con el Playa de Bakio, además de pagar un rescate, como entonces se hizo, se plantea además si el Gobierno puede, para atender a las demandas de los secuestradores del Alakrana, liberar a los dos piratas apresados por las fuerzas españolas. Esto es muy distinto a pagar un rescate. Mientras pagar un dinero es una decisión que puede el Ejecutivo adoptar por sí solo, liberar a unos presuntos delincuentes sólo está al alcance legal del Poder Judicial, que al menos formalmente sigue siendo en España independiente del Ejecutivo. La única forma que tiene el Gobierno de cumplir la exigencia de los secuestradores es logrando que el juez instructor, a petición de la Fiscalía, los ponga en libertad bajo fianza (una fianza que sí podría pagar el Gobierno) y luego esperar a que "huyan" a Somalia.  

Con ser el hecho jurídicamente escandaloso, lo sería aún más desde el punto de vista político. Pagar el rescate del Playa de Bakio ya fue un estímulo bastante notable para que secuestraran otros atuneros. Liberar a dos piratas a cambio de la vida de unos pescadores secuestrados induciría a todas las organizaciones criminales que tengan compinches en nuestras cárceles a secuestrar a españoles para que el Gobierno ponga en libertad a sus presos. Esto vale tanto para narcotraficantes, como para terroristas islámicos o etarras.

Para colmo de males, nuestro Gobierno descarta las operaciones militares. No sólo las que pudieran tener por objeto liberar a los marineros, y que podrían poner en peligro sus vidas. También excluye las que, después de la liberación, previo pago del rescate, tuvieran por finalidad castigar a los piratas. En estas condiciones, lo único que cabe intentar es ofrecer una suma adicional de dinero con la que pagar el derecho a juzgar y condenar a los piratas apresados. No es una opción muy edificante, pero es mejor que entregarlos. Ahora, como los piratas se empeñen en exigir la liberación de sus compañeros, lo más probable es que el Gobierno claudique. Entonces, los secuestros de españoles por el mundo se multiplicarán. De aquellos bakios vienen estas alakranas.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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