Ley del aborto

Trituradoras para el Insalud

Emilio Campmany

Lo que está ocurriendo con el aborto es paradigmático de todo lo que ocurre en este país, otrora mágico, y hoy pestilente. Tenemos una ley que permite abortar a toda embarazada cuyo estado conlleve un peligro para su salud psíquica, lo que equivale a permitir que aborte toda la que quiera hacerlo. Si en España se practican "sólo" 100.000 abortos al año no es por los límites de la ley, que ya digo que en la práctica no existen, sino porque no todas las mujeres creen tener el derecho a disponer de las vidas que en su cuerpo germinen.

El PP nunca ha combatido esta ley. Se ha limitado, como siempre, a gestionar lo que antes impuso la izquierda. A lo más que llegó fue a apoyar a aquellos médicos que en la salud pública se niegan a practicar abortos por razones de conciencia.

El negro velo que, bajo la forma de consenso, tapaba las vergüenzas de esta infame norma desapareció cuando se supo que en España había clínicas abortistas en las que se practicaban abortos de seis y siete meses, lo que les exigía, dado el tamaño de los fetos, disponer de trituradoras de carne para deshacerse de los restos. Como lo que tienen en la avanzada Europa son "razonables" leyes de plazos, que impiden abortar cuando la gestación está muy avanzada, a España acuden todas las embarazadas europeas que, queriendo abortar, han perdido el tren y ya no pueden hacerlo legalmente en sus países.

A la vista de ello, el Gobierno del PSOE ha hecho lo que cabe esperar de personas de su ideología: promover la reforma de nuestra ley para convertirla en una ley de plazos, como la que tienen en todo el Occidente "civilizado". Naturalmente, ello ha abierto una competición en la izquierda para ver quién propone el plazo más avanzado. Llamazares ha puesto el listón en seis meses. No ha dicho si las trituradoras las pagará el Estado.

¿Y el PP, qué dice? Se ha puesto a defender la ley vigente, una tan vergonzosa que hasta los socialistas, que la engendraron, reniegan de ella. Deberían defender en lo que se pueda al pobre nasciturus. Si no tienen el valor de pedir la vuelta a la penalización del aborto, al menos podrían defenderlo a la gallardona, apoyando una ley de plazos en la que se fije uno breve. Y, en todo caso, deberían exigir la reforma previa de la Constitución, pues ésta, como dijo el Tribunal Constitucional, por amparar el derecho a la vida sin excepciones, no permite una ley de plazos. De hecho, nuestra actual ley es el coladero que es porque, para evitar su inconstitucionalidad, se recurrió a la ficción de permitir el aborto cuando entrara en supuesto conflicto el derecho a la vida de la madre con el del feto.

El aborto es un crimen. No importa que esté despenalizado. No importa que los poderes públicos lo amparen. No importa que las campañas oficiales lo estimulen. Que la izquierda no lo vea así, no es novedad que deba maravillarnos. Lo triste es que los políticos de la derecha no se atrevan a presentar leyes que combatan esta barbarie. Quizá, recurrir nuevamente al Código Penal, que es lo que siempre hace la izquierda cuando quiere combatir lo que no le gusta, no sea la mejor solución. Pero al menos podrían hacer un esfuerzo de imaginación y proponer políticas que, estando encaminadas esencialmente a reducir esta negra estadística, puedan concitar un consenso mayoritario en la sociedad española. 100.000 vidas al año merecen el esfuerzo.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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