Tribunal Constitucional

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Emilio Campmany

Los romanos ofrecían al pueblo asediado que se rindiera la conservación de los propios jefes e instituciones a cambio de un razonable tributo a Roma y amenazaban con la destrucción total a quienes se les opusieran. Cumplían a rajatabla lo prometido. Cuando en su avance llegaban al pueblo siguiente, sus habitantes sabían perfectamente a qué atenerse y la mayoría de las veces escogían rendirse. Esta política les permitió conquistar un imperio inmenso teniendo que pelear a muerte en muy pocas ocasiones.

El PSOE o, mejor dicho, el PSOE de Rubalcaba, porque el de Zapatero no se atiene siempre a estas reglas, hace lo mismo. Castiga cruelmente a los desleales y cubre de honores, cuando no de oro, a los leales. Hoy hemos tenido ocasión de ver la aplicación de las dos caras de esta política en la elección del presidente del Tribunal Constitucional. Que saldría uno de la cuerda del PSOE, lo sabían hasta las madres, dado que eran siete a cuatro. La cuestión estaba en quién sería elegido, si Pascual Sala o Manuel Aragón.

El cordobés de apellido maño tenía la ventaja de poder reunir cierto consenso entre los conservadores, de forma que cabía que fuera elegido por unanimidad o casi, si los izquierdistas le respaldaban. Pero tenía un defecto muy grave, haberse empeñado en ver en el estatuto de Cataluña parido por Zapatero y Artur Mas groseras tachas de inconstitucionalidad. De facto, esto supuso que quien fuera designado por el Gobierno de Zapatero votara con el bloque conservador en lo del estatuto. Así fue como María Emilia Casas se vio obligada a hacer encaje de bolillos durante tres años, evitando someter a votación el bodrio hasta lograr un cierto consenso en salvar lo salvable.

Pascual Sala, en cambio, luchó con denuedo defendiendo lo indefendible hasta decir que era preciso declarar la constitucionalidad para evitar que Cataluña se separara de España. O sea, dio un argumento político él, que es quien no debiera considerar más argumentos que los jurídicos.

Pero, probablemente, el mayor mérito de Pascual Sala a los ojos de los socialistas no haya sido su adhesión inquebrantable a la constitucionalidad de lo inconstitucional, sino los servicios prestados durante la época en que fue presidente del Tribunal Supremo, entre 1990 y 1996, los años en que el PSOE tuvo que dar cuentas por el terrorismo de estado. Es cierto que fracasó al intentar impedir que el ministro del Interior socialista fuera a la cárcel por crímenes de la organización terrorista GAL, pero en su disculpa puede alegarse que las pruebas contra Barrionuevo eran abrumadoras. En cambio, tuvo un éxito fulgurante al impedir que Felipe González, obvio superior jerárquico del ministro, se viera salpicado por el asunto con la exótica doctrina de la estigmatización, entre otras triquiñuelas. Recibió su premio yendo al Constitucional y ahora se lo redondean con la presidencia.

Así que los jueces y magistrados que en España pelean por ascender a las más altas magistraturas de la Justicia y esperan hacerlo con el apoyo del PSOE, ya saben cómo se las gastan en Ferraz. Podría decirse que el PSOE aplica sistemáticamente el axioma que, en versión edulcorada, viene a decir "al amigo, todo; al enemigo, nada, y al indiferente, la legislación vigente". Así son y no van a cambiar.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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