'Quieto parao'

Emilio Campmany

La violencia ha sido siempre uno de los instrumentos de la política. Es verdad que hoy día está muy mal vista, pero eso no quiere decir que no se emplee. Se recurre a ella, pero de una manera diferente. Por ejemplo, cuando se impide el normal ejercicio de los derechos de otros. En estos casos, los agredidos se enfrentan a tener que elegir entre soportar la agresión o actuar violentamente contra quien les impide ejercer su derecho. Es lo que hacen los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Para evitar que el ciudadano tenga que recurrir a la violencia, la Policía, que tiene el monopolio de su uso, está obligada a reponerle en el completo ejercicio de sus derechos, recurriendo a tanta como sea necesaria para lograrlo. Es lo que no está haciendo la Policía autonómica. Quien siga creyendo que cortar una carretera es un acto de protesta pacífico tendrá que admitir que también lo es el del camisa parda que cortaba el paso a los clientes que querían entrar a una tienda regentada por judíos en la Alemania de 1933.

Podría haberse defendido la permisividad de la Policía catalana con las acciones pacíficas de los CDR alegando que así se evitan mayores desórdenes que a la larga perjudicarían más a los ciudadanos que las molestias provocadas por los activistas. Sin embargo, el argumento de Rajoy ha sido negar la mayor, esto es, afirmar que los agentes están cumpliendo escrupulosamente con su obligación, cosa que es flagrantemente falsa. ¿Qué pretende el presidente del Gobierno?

Da la impresión de que Rajoy ha descubierto que, cuanto más violento sea el movimiento independentista, cuantos más perjuicios acarree a los catalanes, menor respaldo popular tendrá. Como siempre, ha llegado a esta conclusión extrayendo ventajas de hacer lo que hace siempre, que es nada. Y en este caso no hacer nada, dejar que los energúmenos campen a sus anchas, tiene la virtud, según él, de abrir los ojos de los catalanistas moderados.

Pero, aunque tuviera razón, que es muy discutible, el caso es que su obligación es la de garantizar la libertad y el normal ejercicio de sus derechos a todos los ciudadanos. Esta grosera dejación de funciones, una más en el rosario de las que ya lleva nuestro presidente del Gobierno, no hará más que convencer cada vez a más españoles de lo inadecuada que es su dirección para enfrentar el desafío del independentismo catalán. Y eso, aunque su estrategia de dejar hacer tuviera éxito. Porque puede llegar el momento en que los desórdenes sean de tal magnitud que no haya otro remedio que atajarlos recurriendo a mucha más violencia de la que hubiera bastado hoy. Con el referéndum del 1 de octubre ya pasó algo parecido. Pero es tal la fe que Rajoy le tiene al quieto parao, que es incapaz de traicionarlo, ni siquiera en las más alarmantes circunstancias. Acabará por incorporarlo al escudo de su casa. Mientras, serán los españoles, especialmente los catalanes, quienes pagarán los platos rotos.

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