Dimisión de Gallardón

¿Quién va a ser ministro de Justicia?

Emilio Campmany

Porque lo único que se nos ha comunicado de momento es quién va a ser el subsecretario, pero no quién va a dirigir la política del ministerio. Me dirán unos que va a ser Soraya Sáenz de Santamaría y que para eso ha colocado allí a un obediente peón. Otros dirán que es Rajoy, y por eso ha elegido a alguien que no es la primera vez que está a sus órdenes. Si fuera esto último, las cosas seguirían más o menos como hasta ahora. Ah, ¿no lo sabían? ¿De verdad creían que era Gallardón quien mandaba allí? En absoluto. Una prueba la tienen en que lo que ha motivado la dimisión es un asunto en el que jamás se hubiera metido Gallardón motu proprio. Lo hizo porque Rajoy se lo ordenó. Y así lo confesó al dimitir. Nadie debe dudar de que el empeño en reformar la ley del aborto en el sentido que propuso Gallardón fue de Rajoy. Si no me creen, tendrán una segunda prueba cuando vean qué cargos salen del ministerio y ya verán cómo sólo se irá Juan Bravo, el único hombre de confianza con el que el ministro dimitido contaba allí. Claro, siempre que Rajoy no haya decidido entregar el ministerio a su vicepresidenta, en cuyo caso lo más probable es que haya más cambios.

Algunos dirán que qué más da. Y hasta cierto punto no les faltará razón. Pero, siendo como es cierto que Sáenz de Santamaría es la mano derecha de Rajoy, hay dos cosas que tener en cuenta. La primera es que presidente y vicepresidenta no piensan igual en todo. Desde luego, no piensan igual en el tema del aborto, pero no es la única discrepancia, incluso en asuntos de Justicia. La segunda es que lo prioritario para Rajoy, lo único que le importa, es seguir siendo presidente del Gobierno después de las próximas elecciones generales, y está convencido de que quien sabe lo que hay que hacer o, mejor dicho, lo que no hay que hacer para aspirar a ello, además de Arriola, es Soraya Sáenz de Santamaría.

En Justicia hay muchos frentes abiertos. El del aborto ha sido taponado, pero no cerrado, porque todavía habrá que tramitar de aquí a fin de legislatura una modestísima ley de reforma. Y no es el único. Están los asuntos que dependen de la Fiscalía, desde Pujol hasta Bárcenas. Está el desafío soberanista y la respuesta jurídica que se dé al mismo. Están las sentencias pendientes del Tribunal Constitucional. Está la necesidad de apaciguar a la mayoría de las profesiones jurídicas que están, hoy por hoy, que trinan. De modo que cabe la posibilidad de que el presidente del Gobierno se haya cansado de tanto problema innecesario y haya decidido entregarle la cartera a su vicepresidenta para que arregle el desaguisado. Si, por el contrario, se obstina en que el departamento siga dependiendo de él, los problemas seguirán multiplicándose.

A continuación