Preferentes

Políticos en socorro de políticos

Emilio Campmany

El Consejo de Ministros de este último viernes ha hecho frente al enojoso asunto de las preferentes estableciendo el canje de tales inversiones por dinero o por acciones de las entidades intervenidas. A los inversores se les pone en la tesitura de tener que aceptar una quita o arriesgarse a perderlo todo. Al final, que el Gobierno no haya sido capaz de garantizar la recuperación del cien por cien de lo invertido ha supuesto una gran frustración, pues el deseo general era que estos pobres desgraciados recuperaran todo lo que aventuraron.

No obstante, se olvida que lo que está haciendo el Gobierno es emplear parte del dinero que Europa nos prestó para regenerar nuestras cajas en que los inversores en preferentes no pierdan lo que el mercado dice que deberían perder. La cuestión es que quienes tienen que devolver ese dinero no son las cajas ni quienes invirtieron en preferentes, sino todos los españoles. ¿Y por qué no pide el Gobierno dinero a Europa para compensar a los muchos que arriesgaron su dinero en el mercado inmobiliario? ¿Y qué pasa con los desapercibidos que compraron acciones en bolsa cuando el Ibex estaba a 14.500, si hoy languidece a poco más de 8.000? ¿Por qué no nos manda Bruselas unos cuantos cientos de miles de millones para atender a los muchos empresarios que han visto quebrar sus negocios ahogados entre la codicia de Montoro y la indiferencia de de Guindos? ¿Saben por qué? Porque no se trata de paliar una mala inversión, sino de esconder una engañifa montada por políticos y sindicalistas al frente de nuestras cajas.

¿Y eso justifica que se emplee el dinero que todos los españoles tendremos que devolver? Pues sí, porque los embolicadores, por no decir una cosa peor, eran del mismo gremio que el de los miembros del Gobierno, que esperan un día disfrutar de las prebendas que para ellos se reservan en las cajas. No se trata de salvar a los inversores, que les dan igual. Se trata de salvar a los gestores que enredaron a esos inversores.

Pero, entonces, ¿qué debería haberse hecho? Está muy claro. A los que invirtieron siendo conscientes de lo que estaban haciendo, habría que dejarles perder todo lo que el mercado diga que tienen que perder, como les está ocurriendo a otros inversores más prudentes sin que el Gobierno tenga la más mínima intención de socorrerles. Y los que fueron engañados deberían ser resarcidos en un cien por cien de su inversión con cargo al patrimonio de esas cajas. Y las que tengan que quebrar a consecuencia de ello, que quiebren. Y los responsables del engaño, desde el directivo de sucursal hasta los políticos y sindicalistas que lo instaron y toleraron, a la cárcel. Y si los particulares no tienen fuerza para iniciar los procesos, que sea el Gobierno quien inste a la Fiscalía a hacerlo. Pero, amigo, eso no ocurrirá. Prefieren cortarse la mano derecha antes que meter en la cárcel a un político. 

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