Nombramiento de Dívar

Objetivo: la Audiencia Nacional

Emilio Campmany

Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial se han mostrado estupefactos al saber a quién iban a votar para presidirles. La sorpresa ha sido general, pues Carlos Dívar es conservador y se supone que ahora tocaba que fuera un "progresista" el que presidiera el Supremo.

La pregunta es: ¿por qué? A bote pronto, la jugada indica que el acuerdo entre el PP y PSOE quizá no esté limitado al Consejo General del Poder Judicial y que, a cambio de que el Consejo sea presidido por un conservador, el PP ha cedido en algún otro lugar, probablemente el Constitucional, consintiendo para él una solución que en principio no estaba dispuesto a aceptar.

Es posible, pero la insistencia del PP en presentar como candidatos a integrar el alto tribunal a Enrique López y a Francisco Hernando, de quienes el PSOE recela abiertamente, sobre todo en el caso de Hernando, sugiere que el PP no ha cedido nada en lo que a la renovación de magistrados del Constitucional se refiere.

También es posible que Dívar haya sido impuesto por el PP a cambio de avenirse a llevar a cabo una renovación del Consejo destinada a acabar con el control que tenía del mismo. Pero tampoco esto parece probable porque una cosa es exigir que se designe a alguien que sea aceptable para el partido de la oposición y otra que éste imponga a uno de los suyos.

Todo parece indicar que la clave de la elección de Dívar no ha sido tanto su idoneidad para presidir el Supremo como el deseo de sustituirle al frente de la Audiencia Nacional. Cabe sospechar que el propio Dívar ha rechazado todos los retiros más o menos dorados que le han propuesto, incluido quizá el de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, hasta que la necesidad de que se fuera se ha sentido de una forma tan intensa que el presidente del Gobierno le ha hecho una oferta que no podía en ningún modo rechazar, la de ser presidente del Supremo.

Naturalmente, la necesidad que apremia no es tanto que Dívar se vaya como que venga otro a presidir el tribunal. Dicho de otro modo: la clave del nombramiento de Dívar no puede ser otra que el deseo de que la Audiencia Nacional sea presidida por alguien de quien Zapatero pueda fiarse.

Se ha sugerido que es Baltasar Garzón el destinado a ocupar la poltrona de Dívar. A mí me pega más que sea Conde Pumpido el finalmente designado. Pero, en realidad, el nombre, aunque es lo que consume los cotilleos en los ambientes jurídicos, es lo de menos. La importante conclusión a la que la peripecia permite llegar es que Zapatero necesita para el futuro que la Audiencia sea presidida por alguien de su absoluta confianza. Hasta tal punto lo necesita que, para que se fuera el que hoy ocupa el cargo, le ha ofrecido nada menos que la Presidencia del Supremo. ¿Qué espera el presidente que llegue próximamente a la Audiencia que le exige un máximo control sobre la misma? Aterra pensar lo que pueda ser, sobre todo considerando los precedentes del personaje y su empeño en negociar con ETA, aunque siguiera matando. El caso es que el asunto es mucho más que un mero pasteleo judicial.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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