Antonio Camacho

Ministro sin cartera

Emilio Campmany

Es corriente que los políticos españoles, en vez de preocuparse de defender el interés común, sólo luchen, se desgañiten o peleen cuando se trate de salir en la tele, verse en un titular o lograr cualquier clase de reconocimiento. En cambio, si hay que negociar con personas o instituciones privadas o extranjeras, siempre están dispuestos a rehusar el enfrentamiento, blandear, y finalmente plegarse a cuanto se les pida con tal de obtener para su persona el agradecimiento y la recompensa de aquellos con quienes tratan. A esto lo llaman tener "capacidad de consenso". Y, si alguna vez pecan de firmes, es porque defienden otros intereses particulares de personas o instituciones con las que tienen un compromiso más serio, pero nunca por consideración al bien general.

Esto es lo normal, lo habitual. Lo que ya no lo es tanto es que personas con altísimos cargos de responsabilidad se avengan directamente a hacer sin más cosas que les ordene hacer otra sin ninguna autoridad para ello. Es sencillamente inaceptable que José Luis Rodríguez Zapatero, como presidente del Gobierno del reino de España, nombre ministro del Interior al sujeto que le señale un particular, por muy candidato que sea. Y no lo es menos que el nombrado, Antonio Camacho, obedezca, no al presidente, sino a ese particular que no es nadie para mandar nada. No obstante, Camacho tiene al menos la disculpa de que obedece a quien le nombró de facto en vez de a quien lo hizo sólo formalmente.

Y así tenemos que asistir al espectáculo de unos indignados que violan una y otra vez las leyes, cometen flagrantes delitos y la Policía se abstiene de intervenir por no perjudicar los intereses electorales del candidato Rubalcaba, quien no tendría derecho a hacer tal cosa siendo ministro, pero mucho menos sin serlo. Luego, cuando un policía, harto de insultos, menosprecios y agresiones que sus mandos políticos le han obligado a soportar reacciona de forma excesivamente violenta, el ministro, por orden de ése que no es nada, se apresura a investigar.

Y finalmente pasa como siempre en España, que de una situación de la que son responsables los políticos, alguno incluso sin cargo conocido, quien paga el pato es el funcionario de turno. Pasa en casos como éste tan escandalosos que saltan a los periódicos, pero pasa también en muchísimos otros en los que cientos de servidores públicos tienen que hacer frente a expedientes disciplinarios con sanciones más o menos graves como consecuencia de errores o ilegalidades cometidos por los políticos. Es verdad que son casos en los que, como probablemente ocurra en el del policía acusado, el funcionario no es del todo inocente, pero en los que hay una previa actuación irresponsable, cuando no ilegal, de un político que en cambio sale ileso del embate.

Total, que tenemos un presidente que no gobierna y unos ministros que no mandan. Cuando la oposición deja de oponerse, esto parece Jauja.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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