Socialismo

Más pesebre

Emilio Campmany
María Teresa Fernández de la Vega ha anunciado desde El Cairo que el Gobierno ultima un decreto que permitirá a quienes acrediten experiencia familiar en la atención a menores o familiares dependientes obtener un título profesional con el fin de que se integren en el mercado laboral. La propuesta no está cerrada a los hombres, ni siquiera a aquellos que se declaren heterosexuales, pero estará dirigida sobre todo a las mujeres. El Gobierno espera dotar así de un título a 500.000 mujeres con ocupaciones domésticas. Para obtener el título, sorprendentemente, habrá que superar un examen.

No han trascendido los detalles, pero parece que los supuestamente cuidados, normalmente ascendientes y descendientes de los candidatos, no van a ser preguntados acerca de la calidad profesional de los servicios recibidos. Tampoco se ha sabido si se dará un plazo para que los aspirantes puedan preparar el examen al que van a ser sometidos ni cuántas ni qué pruebas lo van a integrar y, mucho menos, los temas que compondrán el programa. Cabe suponer que el grado de exigencia global no será muy elevado, pero sí se sabe que habrá programas de formación organizados por Trabajo, o sea, por los sindicatos.

Es curioso ver cómo da la noticia El País: "Titulaciones para las amas de casa". Si el casposo ABC se hubiera expresado así, habrían caído sobre él las iras de todas las feministas, empezando por la misma Fernández de la Vega, pero como es El País el que lo ha hecho, reflejando con sintética crudeza la verdad, nada hay que objetar.

Ahora, la cuestión no es que el Gobierno tenga el capricho de otorgar un diploma a las amas de casa. Podía haber decidido repartir títulos de agentes de movilidad entre los subsaharianos que se dedican a buscar aparcamiento a los automovilistas en las proximidades de los hospitales o de maestros de primaria a los padres que ayudan a sus hijos a hacer los deberes. Lo que el Gobierno pretende es generar una masa de mano de obra barata con la que poder empezar a aplicar la Ley de Dependencia, la estrella de la legislatura pasada. Si lo consigue, habrá matado cuatro pájaros de un tiro, una hazaña notable incluso para nuestros avispados socialistas. Por un lado, conseguirá que la Ley empiece a aplicarse; por otro, sacará de la estadística del paro a un buen número de personas; dará a los sindicatos la oportunidad de cobrar por los cursos de formación que imparta; y, por último, generará una bolsa de 500.000 electores agradecidos, que no dudarán en votar al PSOE por profundas y graves que puedan llegar a ser las crisis que asolen al país.

Pequeñas prebendas para unos cuantos, lo suficientemente numerosos como para ser relevantes desde un punto de vista electoral, a cambio de un coste poco apreciable ya que estará oculto en la sima en la que se está convirtiendo el gasto público. No obstante, me pregunto qué pensarán todos aquellos que han dedicado años de formación a prepararse como enfermeros especializados en puericultura o geriatría.

Como siempre, lo peor, con ser malo, no es lo que los socialistas hacen, sino el mensaje que envían: ¿de qué sirve esforzarse y estudiar para obtener un título, si luego el Gobierno se lo va a dar a quien, sin preparación, afirme haber hecho ese trabajo en casa y sea capaz de superar un pequeño examen?

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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