Andalucía

La Utopía

Emilio Campmany

Hay dos cosas que destacar en lo de la Utopía. Ante todo, es bien triste que varias familias se vean empujadas a dormir al raso en un país donde hay cientos de miles de viviendas vacías cuyos propietarios desean vender pero se niegan a hacerlo a los precios que hoy fija el mercado y prefieren esperar a que suban. Y es igualmente lamentable que algunas autoridades deseen demostrar su sensibilidad social ofreciendo a estas familias una vivienda saltándose las normas y la cola de miles de andaluces que esperan pacientemente, sin ocupar la vía pública, ser adjudicatarios de una. Leyendo las tripas de la noticia se entera uno de más cosas. Que la consejera de Fomento y Vivienda está de viaje en Colombia, que no sé qué hará tan lejos. Que uno de los desalojados quiere que le den una vivienda porque se niega a volver a casa de sus padres. Y que sólo tres de los 25 okupas examinados reúnen los requisitos necesarios para poder ser beneficiarios de una vivienda social.

Y, sin embargo, la protesta en forma de ocupación de una plaza, con la tolerancia de la fuerza pública, como siempre por otra parte, ha hecho que el realojo de estas familias deba resolverse cuanto antes, aunque sea pasando por encima de quienes cumplen la ley y pudieran estar más necesitados. IU asegura que no se trata de una adjudicación definitiva, que sería groseramente ilegal, sino de un realojo temporal. Sin embargo, para eso están los albergues sociales, que es una solución también temporal que la mayoría de los afectados se ha negado a aceptar.

Estas personas plantean todas ellas, aunque no en el mismo grado, un problema social como los de tantos cientos de miles de españoles que viven circunstancias dramáticas. Las Administraciones, con los medios de que disponen y sujetándose a la ley, tienen la obligación de atenderlos a todos lo más rápidamente posible. Pero la ocupación ilegal de la calle por parte de los okupas de la Utopía no debería ser premiada dando a sus reclamaciones prioridad por encima de quienes, quizá con mejor derecho, respetan escrupulosamente la ley.

Ahora, está este planteamiento tan lejos de tener éxito en esta España tan inclinada a ser pasto de la demagogia que parece imposible que ningún político lo asuma, mucho menos si es socialista y no digamos si se trata de un socialista andaluz. Pues resulta que Susana Díaz, antes de consentir que desde una consejería de su responsabilidad, pero controlada por IU, se adjudiquen viviendas ilegalmente, ha preferido privarla por decreto de la facultad. Es cierto que lo lógico hubiera sido cesar directamente a la consejera. Y puede que sólo esté aprovechando la ocasión para provocar una ruptura con IU y tener un pretexto para convocar elecciones anticipadas. Pero caray, ver a la presidenta socialista de la Junta de Andalucía esforzarse por cumplir la ley y renunciar a hacer política populista es un espectáculo que no se ve todos los días.

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