Crisis institucional

La única verdad, la judicial

Emilio Campmany

Los dos grandes partidos, PSOE y PP, sabían bien lo que hacían cuando uno decidió y el otro consintió que el Judicial estuviera controlado por el Ejecutivo y el Legislativo. Porque en España es al Tercer Poder al que corresponde algo muy importante, fijar la verdad. Da igual lo que denuncie el Cuarto Poder, dan lo mismo las evidencias que se acumulen. Sólo importa lo que digan los tribunales. Felipe González es aclamado como un gran estadista y, cada vez que opina, sus perogrulladas tienen un fortísimo eco. Todo ello a despecho de haber sido el máximo responsable de nada menos que la creación de una banda terrorista desde el Gobierno. Mientras, Barrionuevo, como sí fue condenado por los tribunales, sufre un merecido ostracismo.

Más recientemente, ante la convicción de que el enriquecimiento de Bárcenas no puede tener otro origen que la corrupción del PP, fingimos creer que sólo él es el corrupto porque sólo él ha sido encausado. ¿Que se pagaron sobresueldos en B? Viene Hacienda, dice que esos pagos no tuvieron cuantía suficiente para constituir delito, y que están en todo caso prescritos, y asunto resuelto. Al único que han empitonado es a un arquitecto que pasaba por allí. Al otro lado, la certidumbre moral de la responsabilidad de Rubalcaba en el chivatazo a ETA en el caso Faisán se salda con la condena de los policías que cumplieron la orden. Y nadie en el PSOE plantea que las sospechas que se amontonan contra su secretario general deberían obligarle a retirarse. En Andalucía, todos sabemos que el PSOE, desde la Junta, montó un sistema de saqueo de los fondos públicos. Y los principales responsables del escándalo, Chaves y Griñán, siguen siendo respetables prebostes del partido. Urdangarín, imputado en Mallorca por sus muchos desmanes, ha sido ya condenado en la calle. Pero ningún baldón ha caído todavía sobre los políticos todavía en activo que, saltándose toda exigencia legal, contribuyeron a su enriquecimiento a costa de las arcas públicas. Y como los tribunales no han encontrado suficientes indicios de delito, la sociedad mira para otro lado y ahí siguen.

La opinión pública y los medios hemos de reaccionar. No puede ser que haga falta una condena penal para que alguien sea indigno de representarnos. Mucho más cuando quienes han de juzgar han sido nombrados por los políticos. Dimitir y verse obligado a volver a la profesión de cada cual, los que la tengan, no debería ser ninguna desgracia. Hay millones de españoles que logran vivir de cosas distintas de la política y no por ello se sienten desgraciados. Dedicarse a lo público tendría que ser un honor temporal al que renunciar sin empacho a la más leve prueba de comportamiento irregular. Y no como ahora, que es una profesión que, una vez dentro, sólo hay obligación de abandonar mediante condena judicial. Cambiar esto depende tan sólo de nosotros y de nuestro voto. Ya sé que la ley electoral deja poco margen, pero habrá que explotarlo y no conformarse.

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