Constitución

La mal 'cumplía'

Emilio Campmany

Celebramos el XXXV aniversario de nuestra Constitución denunciando su obsolescencia, abogando por su reforma y reclamando su puesta al día. No todos, pero sí muchos. Los primeros, los socialistas. Lo dice Rubalcaba en un artículo publicado en ya saben dónde (es ahí de donde he robado lo de "obsolescencia", tan pedante, tan cultureta, tan de estadista español del siglo XXI). Y es verdad que hay muchas cosas que se pueden mejorar en nuestra Constitución. Sin embargo, la enfermedad que padece no es fruto de la obsolescencia, sino de la falta de cumplimiento. Un botón de muestra:

Todos los españoles tienen el derecho a usar el castellano (art. 3). Las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales (art. 4.2). Los partidos políticos tendrán estructura interna y funcionamiento democráticos (art. 6). Los españoles son iguales ante la ley (art. 14). Todos tienen derecho a la vida (art. 15). Se garantiza el secreto de las comunicaciones (art. 18.3). La ley que regule el ejercicio del derecho de huelga establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (art. 28.2). El sistema tributario ha de ser justo y, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio (art. 31.1). El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio (art. 32.1). Los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo (art. 40.1). La ley no podrá autorizar indultos generales (art. 62). El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por veinte miembros, de los que doce, entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (art. 122.3). El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado (art. 136.1). Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado (art. 139.1). Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones (art. 155.1). El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por un período de tres años (art. 160).

La mayoría de las violaciones se atienen formalmente a la letra de la norma y sólo transgreden su espíritu abusando de que están mal redactadas. Pero, en otras ocasiones, se incumplen flagrantemente, como ocurre en Cataluña con el derecho al uso del castellano o la obligación de utilizar la bandera española. O como cuando se reformó la ley que regula el Tribunal Constitucional para que María Emilia Casas pudiera presidirlo durante seis años en contra de la Constitución, que sólo permite tres. Y eso para validar un estatuto de Cataluña groseramente inconstitucional.

No está mal lo de reformar la Constitución, pero quizá primero deberíamos probar a respetarla. A lo mejor así funciona y no necesitamos cambiarla.

A continuación