Ocaso sindical

La huelga de profesores

Emilio Campmany

La Constitución de 1931 proclamaba a España como una "república de trabajadores de toda clase". A los españoles nos gusta presentarnos así, como trabajadores, incluidos los empresarios, quienes siempre que salen en la tele se esfuerzan por convencernos de que "trabajan" más que nadie.

En un país así, no puede extrañar que los sindicatos tengan un prestigio e influencia notables. En Gran Bretaña, Francia o Italia pasó algo parecido. Sin embargo, en el Reino Unido, el prestigio de los sindicatos está por los suelos. No sólo, sino que el laborismo no volvió a pisar las moquetas del poder hasta que Tony Blair decidió divorciarse de las trade unions. En España, las elecciones del 20-N podrían ser el principio del fin de nuestras centrales sindicales. Hay dos elementos en la campaña que apuntan a esta posibilidad, el que no sean capaces de esperar a que el PP se haga con el poder para iniciar las movilizaciones, como en el caso de los profesores de la Comunidad de Madrid, y el que el candidato del PSOE haya apelado a sus mismas coletillas para evitar la debacle. Si las huelgas, protestas y mensajes vuelven al electorado contra las centrales y el PSOE, los socialistas se desharán de los sindicatos durante la travesía del desierto.

La cuestión no es tanto si estas organizaciones son o no capaces de atraer a las huelgas que convoquen a más o menos trabajadores. La cuestión es cómo va a contemplar el electorado la cerril resistencia sindical a los recortes que inevitablemente hay que ir emprendiendo. Tengo la impresión, aunque no la certeza, de que en Madrid la gente no simpatiza con la huelga de profesores. Es posible que todo se deba a que cree equivocadamente que el trabajo en la enseñanza es poco exigente. Pero, podría ser que los electores estén hasta el gorro de que con sus impuestos se financie a unos sindicatos dedicados a colocar como trabajadores interinos en la administración pública a los que ellos eligen entre sus simpatizantes y afiliados. Y todo para que los profesores que son funcionarios, muchos de los cuales en su día fueron interinos favorecidos por los sindicatos y que gracias a eso, y no a una oposición, tienen hoy un sueldo de por vida, no se vean obligados a dar tantas clases como prevé la ley. Y encima resulta que un alumno de la pública le cuesta al contribuyente el doble que otro de la concertada.

Si es verdad que los que votan están empezando a darse cuenta de la clase de intereses que defienden los sindicatos, aplaudirán todo lo que sea privarles de la financiación pública. Eso sería su fin. Y el PSOE renegará de ellos so pena de que quiera pasarse veinte años en la oposición como hicieron los laboristas británicos. ¿Estoy soñando? Es posible, pero cuesta tan poco...

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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