Asalto a Mercadona

Justicia para unos

Emilio Campmany

Al parecer, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el derecho de huelga que consagra nuestra Constitución y que no hay Gobierno que se atreva a regular incluye la posibilidad de amenazar de esta manera:

Podemos venir 500 y hacer lo que pensamos hacer. Y es que te tiramos todo lo que hay ahí, porque tiramos todo al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a la gente... Me has entendido, ¿no?

Por lo menos, lo admite si el amenazado es el gerente de un Mercadona.

Naturalmente, esto es un disparate. Pero ¿qué esperábamos? ¿Que un tribunal condenara a un político? ¿Por una acción que además no entraña corrupción?

Mientras Sánchez Gordillo se limita a amenazar, políticos de Unió son indultados o llegan a un acuerdo con la Fiscalía. En el otro partido de la coalición catalanista, los Pujol se enriquecen a manos llenas y no es que no vayan a la cárcel, es que ni siquiera dimite el único que conserva un cargo público. La misma Andalucía está presidida por quien fue consejero de Hacienda mientras muchedumbres de socialistas se enriquecían a costa del erario público a través del truco de los ERE falsos. El yerno del rey, enriquecido a costa del mismo erario, sigue mareando a los tribunales y mal que bien va escapando. En el PP, una trama de corrupción ha salpicado a múltiples cargos sin que ninguno esté en la cárcel y nadie se sienta obligado a explicar cómo el tesorero del partido pudo amasar una fortuna de 22 millones de euros en una cuenta en Suiza. Y parece que podrá disfrutar libremente del noventa por ciento de esa suma sin tener que dar cuenta a nadie, al haberla regularizado gracias a la amnistía fiscal urdida por el ministro de Hacienda del partido del que fue tesorero.

Dice el magistrado, un profesor de Derecho Civil, que esas amenazas a lo sumo constituyen una falta. Olvida el ilustre jurista que nuestro código agrava especialmente la conducta de amenazas cuando es condicional, aunque se esté amenazando con algo que no sea la comisión de un delito. Es el caso del artículo 171.1 del Código Penal, donde se castiga esa conducta con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. Pero el ponente entiende que la acción de Sánchez Gordillo mercería ser como mucho ser calificada como la falta regulada en el artículo 620, que habla de quien amenazara de modo leve. Olvida el juzgador que no puede ser leve una amenaza que, como la que profirió Sánchez Gordillo, se formula de modo condicional, a fin de torcer la voluntad del amenazado. ¿Pero iban a condenar a Sánchez Gordillo mientras Bárcenas se pone como el Quico en un restaurante de lujo de Carcassonne? Ja.

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