ERE

Habló la esfinge

Emilio Campmany

Finalmente, la juez Mercedes Alaya ha terminado la instrucción del megaproceso de los ERE. Ha dado traslado de lo instruido al Tribunal Supremo, que decidirá si se hace cargo de todo, sólo de los aforados o entiende que no hay delito, al menos por parte de las personas de su competencia. Es una gran noticia. Ahora veremos qué ocurre en el alto tribunal. Ya no será una juez, acusada de atrabiliaria, la que tomará las decisiones, sino la Sala Segunda del Supremo.

Más allá de las consideraciones jurídicas, el caso está bien claro. La partida presupuestaria que año tras año estaba formalmente destinada a fines lícitos acababa en las manos de quien acababa sin que los pagos estuvieran sometidos a ningún control. Y se continuó haciendo a pesar de las advertencias de los funcionarios acerca de las irregularidades que se estaban cometiendo. Pero puede ocurrir que eso que Alaya ha calificado de conducta delictiva no llegue a tener tal consideración en el Supremo. Francamente, el sistema era tan grosero, los desprecios de los que fue objeto la Intervención, tan altivos y el saqueo de los fondos públicos tan obvio que se me figura difícil que los aforados puedan librarse de ser condenados. Aunque, desde luego, no es imposible.

Lo peor del asunto es que, haga lo que haga el alto tribunal, se manipulará políticamente. Si absolviera, oiremos inmediatamente voces acusando a los magistrados de proteger a quienes les pusieron en tan altas poltronas, a los políticos. Y si condenaran la condena no se extenderá tan sólo a los imputados, sino que alcanzará a todo el PSOE, incluyendo a la actual presidenta de la Junta de Andalucía.

Es lamentable, pero la responsabilidad de que las cosas sean así son del propio PSOE, en especial el andaluz. Todo proviene del empeño en proteger a los más altos cargos responsables del escándalo amparándolos en las asambleas parlamentarias para garantizar su aforamiento y forzar así que sea el Tribunal Supremo el que les condene si es que han de ser condenados. De esta manera están dando la impresión de que lo que podría hacer Alaya con la ley en la mano no se atreverán a hacerlo los magistrados de la plaza de la Villa de París. Y, si finalmente los condenan, como se supone que el Supremo lo hará desoyendo su supuesta obligación de proteger a los políticos que se han refugiado bajo sus togas, el que quedará manchado será todo el partido. Sería la natural consecuencia de haber estado protegiendo a unos delincuentes tan culpables que hasta el Supremo no ha podido evitar condenarles.

Esto se arreglaría si en España hubiera de verdad división de poderes. En cambio, en lo que están los políticos es en cómo encajar a Cataluña en el Estado, que por lo visto es muy difícil de hacer, y en ver cómo tuercen la ley electoral para que los alcaldes del partido del Gobierno sigan siéndolo a pesar de la sangría de votos que van a sufrir.

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