Tribunal Constitucional

Guerra sin héroes

Emilio Campmany

Ayer, el Tribunal Constitucional rechazó de plano la recusación que el PP había presentado contra tres magistrados progresistas. Tal recusación se fundó en su día en los mismos motivos en los que lo había hecho el Gobierno para recusar a otros dos magistrados conservadores. La finalidad de éste fue obtener un pleno de mayoría izquierdista que diera carta de constitucionalidad a la reciente enmienda Casas, por la que se prorrogó automáticamente el mandato de la Presidenta del tribunal a pesar de haber transcurrido los tres años fijados por la Constitución. La recusación del PP se propuso poner en evidencia cuan torticera era la intención del Gobierno.

El rechazo de plano contó, por supuesto, con el voto de los magistrados progresistas, incluidos los tres recusados, y el de tres magistrados conservadores que no habían sido recusados por el Gobierno. Así que estos tres magistrados conservadores han rechazado la táctica popular de recusar con la misma escasa motivación que el Gobierno para poner en evidencia su falta de fundamento. Lo hicieron así para recuperar el prestigio y credibilidad del tribunal: por un lado, trataron de demostrar que, a veces, incluso en asuntos de enorme trascendencia política, los magistrados no votan alineados en bloques; y, por otro, votaron como creen que hay que votar contra unas recusaciones carentes de fundamento, prescindiendo de consideraciones políticas.

Se equivocaron. Una petición sólo se rechaza de plano cuando carece groseramente de fundamento jurídico o se presenta sin la más mínima base probatoria. Por lo tanto, el rechazo de plano debe ser inmediato a un somero examen de la cuestión. Mal puede contribuir al prestigio del tribunal que se rechacen de plano unas recusaciones varias semanas después de haber sido presentadas y tras haberse discutido profusamente durante varios días. Por muy jurídicamente fundada que esté la decisión, que lo está, huele a política a kilómetros de distancia.

Por otra parte, si es la falta de fundamento de las recusaciones lo que motiva su rechazo de plano, estando las mismas fundadas en los mismos motivos que las presentadas por el Gobierno, la decisión sólo habría sido jurídicamente creíble si se hubiera referido a todas las recusaciones presentadas, ya que todas se basaron en el mismo motivo. Tampoco puede justificarse la vehemencia con que se rechazan sólo las presentadas por el PP en la falta de pruebas cuando lo que se alega es lo dicho en una reunión de varios magistrados con su presidenta y todos pueden ser interrogados acerca de lo que allí se dijo.

El caso es que la próxima reunión tendrá por objeto examinar la recusación que presentó el Gobierno contra los dos magistrados conservadores. Se reunirán sólo ocho, cinco progresistas y tres conservadores. No estarán en la reunión ni la presidenta ni el vicepresidente, que se abstuvieron por tratarse de un asunto, la enmienda Casas, que les afecta, ni tampoco asistirán los dos magistrados recusados. Los tres conservadores, coherentes con su voto anterior, considerarán que deben rechazarse las recusaciones contra sus dos compañeros conservadores por los mismos motivos por los que se rechazaron de plano las de sus tres compañeros progresistas; pero éstos votarán a favor de que sea aceptada, alegando que en este caso sí está probado el hecho en que la misma se funda (ya que los magistrados recusados expresaron su opinión acerca de la constitucionalidad de la enmienda en sendas cartas dirigidas a la presidenta, hechas públicas en circunstancias no aclaradas). De modo que, al final, siendo como es probablemente inconstitucional la enmienda Casas, el Tribunal dirá que es perfectamente compatible con la Constitución. Éste continuará presidido por Casas y el estatuto catalán seguirá durmiendo en un cajón para que la sentencia que declare las muchas inconstitucionalidades que padece no afee a Zapatero su encuentro con el electorado en marzo.

Es encomiable que estos tres jueces conservadores, que han rechazado las recusaciones del PP, se esfuercen por recuperar el prestigio del tribunal al que pertenecen, pero no se dan cuenta de que, cuando la izquierda y sus magistrados ponen toda la carne en el asador, la lucha ya no podrá ser a florete o a pistola sino a estacazos, y que su sincero esfuerzo por ser ante todo ecuánimes sólo servirá para que los otros se salgan con la suya y el Tribunal Constitucional termine más desprestigiado que nunca. Por lamentable que sea, hay que aceptar la realidad: ellos, la izquierda, el PSOE, su Gobierno, han elegido el lugar donde ha de librarse la batalla; no será en el valle de Balaklava, con brillantes cargas de caballería, sino en las llanuras de Kursk, en combates cuerpo a cuerpo, sin héroes, sin medallas, sin himnos. No tardarán en darse cuenta los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional. Esperemos que no sea demasiado tarde.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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