El estatuto catalán y la Constitución

Gala, jurista

Emilio Campmany

Desde "La Tronera" que hay en el torreón izquierdo del diario El Mundo dispara todos los días Antonio Gala rosas y lilas literarias. Últimamente, el autor de "La pasión turca" dedica sus flores a la política de José Luus Rodríguez Zapatero, su nuevo ídolo.

Abrumado por la probabilidad de que el Tribunal Constitucional tumbe buena parte del estatuto de Cataluña, buscó el escritor entre los que saben una solución al disparate. Finalmente, la halló en los artículos que sobre el asunto viene publicando Javier Pérez Royo en El País. Sostiene don Javier, tan ilustre por otros motivos, como diría don Ibrahim de Ostolaza, que los estatutos de autonomía forman parte del edificio constitucional, de ahí su especial proceso de reforma, que exige la intervención de dos parlamentos, el nacional y el autonómico, y la ratificación en referéndum de los ciudadanos de la región en cuestión. Un proceso, dice el constitucionalista, esencialmente político, cuyo resultado no debiera estar sometido al control del Tribunal Constitucional. Dicho de otro modo: los estatutos son Constitución y, si se reforman respetando el procedimiento para ellos previsto, su legalidad debiera ser inherente a su aprobación.

Es cierto, continúa el jurista andaluz, que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional encomienda a esta alta instancia el control de la constitucionalidad de los estatutos de autonomía, pero eso es, según él, un error que habría que enmendar porque, de hecho, el Tribunal Constitucional carece de legitimidad para declarar la inconstitucionalidad de un estatuto aprobado por dos parlamentos y refrendado por el pueblo de la Comunidad Autónoma que ha de regirse por él. En consecuencia, para evitar males mayores, lo mejor sería que se retiraran todos los recursos de constitucionalidad que pesan sobre el nuevo estatuto catalán.

No ha tenido, que yo sepa, muy feliz acogida la brillante ocurrencia de Pérez Royo. Pero hete aquí que, en cambio, ha sido capaz de despertar el entusiasmo del escritor cordobés, que recogió la tesis para dispararla desde su tronera, eso sí, atribuyéndose su autoría en la creencia de que nadie lee los que para él serán "pestiños jurídicos del bueno de Pérez Royo".

Francamente, importa poco que Antonio Gala se haya "inspirado" o no en los artículos del constitucionalista sevillano. La tesis, por brillante que pueda parecer, es insostenible. Admitamos que los estatutos son Constitución y que su reforma no puede ser controlada por el Tribunal Constitucional cuando modifican la Constitución misma. Pero entonces, tal o cual reforma estatutaria, que llevara en su seno una reforma constitucional, sólo sería legítima, haciendo improcedente el control judicial de constitucionalidad, si se hubiera llevado a cabo con las mayorías que la misma Constitución exige para su propia reforma, o sea, con el voto del Partido Popular.

¿Creen Gala o Pérez Royo que si el texto del estatuto catalán hubiera sido consensuado con el PP estaríamos ahora encerrados en el callejón sin salida en el que su aprobación nos ha metido? De modo que el culpable de la situación, ilustres izquierdistas, no es la reticencia del Partido Popular, sino el testarudo e insensato empeño de Zapatero de llevar adelante una imposible reforma constitucional al margen de la derecha española, no tanto para debilitar al estado, que también, como para aislar a esa derecha y alejarla del poder definitivamente. Resulta ignominioso que personas supuestamente independientes utilicen, unos su prestigio y otros su ciencia, para, ya que no pueden hacerlo de su legalidad, defender la legitimidad de una política tan peligrosa, ruin y mezquina.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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