Jurisdicción universal

Entre cobardes y leguleyos

Emilio Campmany

La malhadada jurisdicción universal de la que nuestros jueces disfrutan en delitos de genocidio, terrorismo y ahora también de lesa humanidad, nos ha dado múltiples disgustos diplomáticos. Pero, hasta ahora, nunca habíamos topado con la Administración norteamericana. En el momento en que Garzón quiso empitonar a altos funcionarios de los Estados Unidos, todo se ha vuelto en contra de la jurisdicción universal. En el Supremo han empezado a admitir querellas contra el juez estrella y a los partidos "serios" les ha faltado tiempo para acordar la reforma y poner sordina a nuestras ansias de justicia planetaria.

Tiene gracia el rojerío. Por de pronto, exculpan a los suyos de todo delito como si ser de izquierdas fuera algo tan moralmente elevado como para justificar cualquiera. Creen que sus dictadores a lo más son responsables de pensar que el fin justifica los medios. Y si no, véase la indulgencia con la que acunan a gente como Fidel Castro o Santiago Carrillo. Y cuando se trata de ir a por los de derechas, resulta que se encrestan como gallos de pelea persiguiendo a un Pinochet senil o a un Franco muerto, pero se rajan como mansos cuando hay que enfrentarse a los amos del universo y asoma la primera protesta diplomática de Washington. Entonces, tiemblan como hojas en otoño y se apresuran a pedir ayuda a la derecha para aprobar una reforma que ponga tasa a tanto desvarío justiciero. Naturalmente, nuestra derecha, en vez de negarse para que se enfrenten a sus contradicciones, acude al rescate satisfecha de que estos frívolos chicos se hayan dado cuenta al fin de que esto de la jurisdicción universal era un disparate.

La cosa no queda ahí. Cuando unos y otros se deciden a actuar, lo hacen atropellando el sentido común. El nuevo artículo 23 que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados apenas añade unas líneas al viejo, pero están llenas de despropósitos. Está bien que nuestra jurisdicción universal se limite a los casos en que existan víctimas españolas. Pero aceptarla cuando "los presuntos responsables se encuentren en España" obliga a los dirigentes extranjeros que nos visiten a calcular qué riesgo corren de ser detenidos al bajar de la escalerilla del avión por orden de Garzón o cualquier otro emulador. Peor aun es mantenerla para el caso en que se constate "algún vínculo de conexión relevante con España". ¿Qué es un vínculo relevante? ¿Que el presunto responsable tenga una tía española? ¿Que el delito se haya cometido en un país iberoamericano? ¿Que las víctimas hablaran español? En Derecho, la imprecisión es peligrosa, pero en Penal es intolerable, pues implica dejar al arbitrio del juez decisiones trascendentales para la vida y la hacienda del reo. Ya verán como no faltarán garzones que encuentren vínculos de conexión relevantes con España debajo de las piedras si el asunto tiene la chicha suficiente como para permitir al juez aspirante a estrella abrir los telediarios de medio mundo.

Más de la mitad de nuestros políticos son licenciados en Derecho. ¿Es que sólo se dedica a la política lo peor de cada casa? ¿No hay nadie entre tanto diputado, senador, diputado autonómico, ministro, consejero y demás que sepa redactar una norma con rigor y templanza? La verdad es que, viendo como hablan desde la tribuna y como se expresan en las ruedas de prensa y en los debates de la televisión, a nadie puede extrañar que a la hora de hacer leyes, las hagan como las hacen.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

A continuación