Bildu

El TC se cubre de gloria

Emilio Campmany

El Tribunal Constitucional se ha empeñado en demostrar que en España tan sólo hay un poder, el Ejecutivo. Desde el principio, este Tribunal se arrogó la revisión de aquellas sentencias que al partido que lo dominara no le gustaban. Lo ha estado haciendo, desde luego, ejerciendo la función que por antonomasia le corresponde, la de controlar la constitucionalidad de las leyes. El caso más reciente es el del Estatuto de Cataluña. Pero también a través de la vía indirecta del recurso de amparo. La Ley Orgánica de 2007 modificó la Ley del Tribunal Constitucional para que la práctica ya emprendida de revisar las sentencias del Supremo por supuestas violaciones de los derechos fundamentales quedara en tal modo ampliada que el Constitucional se convirtiera en el verdadero Tribunal Supremo de España, al menos en los casos de relevancia política.

Pero, al menos hasta ahora, el Gobierno siempre fue de frente, defendiendo lo que le interesaba y forzando al tribunal a darle la razón, aunque fuera obvio que no la tenía. Ahora, Freddy, ese maquiavelo de pitiminí, le ha dado una nueva vuelta de tuerca al sistema. El Gobierno impugna todas las candidaturas de Bildu para quedar bien con aquellos de sus votantes que creen escandaloso que ETA permanezca en las instituciones. Y luego mangonea al Constitucional para que dicte la sentencia que el Gobierno cree conveniente y que echa abajo su propia impugnación. Vamos, algo así como el "madre, que me toca Roque; Roque tócame". De esa forma también da satisfacción al PNV, a los socialistas del País Vasco y a sus votantes de extrema izquierda, incluidos los comunistas, que querían que la izquierda abertzale, que para algo es izquierda, concurriera a las elecciones municipales.

Mal está que un Gobierno ponga en marcha semejante maniobra, que carga sobre el Tribunal Constitucional la responsabilidad de que la ETA se financie con dinero de los impuestos de todos los españoles mientras el Gobierno se lava cobardemente las manos. Pero más terrible es que los magistrados de ese tribunal se presten a semejante juego.

¿Qué más pueden hacer los socialistas por acabar con la credibilidad de las instituciones del Estado? Pues aunque parezca que ya más no pueden hacer, no es descartable que a Rubalcaba, o a cualquier otro Richelieu de pacotilla del PSOE, se le ocurra en el futuro darle otro estrujón más a la pobre democracia española. Si al menos los magistrados que han votado contra la legalización de la coalición etarra tuvieran el gesto de dimitir, cabría alguna esperanza. Pero, quia, ¡qué digo! Ni en sueños.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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