Cataluña

Dinero barrado

Emilio Campmany

Ha bastado que Artur Mas haya dicho que no tolerará condicionantes de ningún tipo a cambio de los cinco mil millones del Fondo de Liquidez Autonómico para que Valencia haya aumentado en mil millones más su pretensión y Andalucía haya dicho que, si va a ser sin condiciones, ella también quiere unos cuantos. Claro, si no va a haberlas, cuanto más dinero, mejor. Y es que, si a Cataluña no le van a exigir requisitos, ¿por qué habrían de imponerlos a Valencia o a Andalucía? Es el café para todos en materia de rescates financieros.

Sin embargo, los nacionalistas catalanes niegan que todos tengan derecho a ese café. En esto del Fondo Autonómico, afirman que a ellos no se les puede demandar nada porque lo que piden no es más de lo que previamente los catalanes han pagado en impuestos estatales y que no ha terminado de revertir a Cataluña de la forma en que los nacionalistas creen que debería haberlo hecho. Otras comunidades autónomas, que reciben más de lo que aportan, no pueden tener el mismo trato.

El argumento es falso. Para empezar, en el Fondo no hay dinero que haya salido del bolsillo de todos los catalanes, sino sólo del de unos cuantos, esos que han pagado más de lo que en servicios han recibido de todas las administraciones. Los que se hayan beneficiado de servicios de superior valor a los impuestos que han pagado no han metido en el fondo ni un euro. Se me dirá que mi planteamiento es de sofista y que el dinero de los impuestos, una vez se ha producido su exacción, es de todos. Pues claro que es de todos, de los que pagan más de lo que perciben y de los que perciben más de lo que pagan, pero no de todos los catalanes, sino de todos los españoles. Y la Generalidad de Cataluña, por gobernar una región con más ricos, no tiene más derecho que otras a acudir a él. El dinero que va a recibir es de todos los españoles, y cualquier Gobierno autonómico que lo perciba tendrá que cumplir los requisitos que el Gobierno de España deba exigirles de acuerdo con la ley en interés de todos los españoles, que somos los dueños del dinero.

Así que, no es que Rajoy tenga derecho a poner condiciones, a Cataluña o a cualquier otra comunidad que pida acudir al Fondo, sino que es su obligación hacerlo, estableciendo todas las que convengan a la defensa de los intereses de todos, incluidos los catalanes. En el caso de Cataluña, además de las que hagan falta para cumplir los objetivos de déficit, no sobraría exigir que en aquel territorio se cumplan las leyes de España y las sentencias de los tribunales españoles. Ya que a Rajoy no se le ocurre otra forma más gallarda de lograrlo, que recurra al sucio chantaje político, que es una práctica que en la plaza de San Jaime y en La Moncloa conocen a la perfección.

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