Dos sentencias

De falsificadores y apologistas

Emilio Campmany

Pocas cosas hay más frustrantes que tener que acatar una sentencia que se cree injusta. Hoy son muchos los que así se sienten por dos muy recientes, la del ácido bórico y la de las calles con nombres de terroristas. Sin embargo, no importa tanto el fallo como lo que plantean.

La sentencia del bórico se limita a fallar que la conducta de la cúpula de la Policía Científica no es delictiva, aunque sí irregular. Carece de relevancia que la supresión consciente de una referencia a ETA en un informe pericial firmado por otro merezca ser condenada o no penalmente. Lo que ha quedado meridianamente probado es que unos mandos policiales se ocuparon de que en un informe pericial salido de sus oficinas no se relacionara a la ETA con el 11-M. Da igual que esto no sea delito. Lo que importa ahora es dar respuesta a esta pregunta: ¿por qué esos policías se arriesgaron a sufrir una condena penal cometiendo una falsedad con el único aparente fin de impedir que la ETA fuera relacionada con el 11-M?

No hay pruebas de que la ETA participara en la organización y perpetración del atentado del 11-M. Pero, ¿no las hay porque no se han encontrado o porque la Policía ocultó, como hizo con el informe del bórico, todas las que, relevantes o no, apuntaban a la banda? La prensa de izquierdas, y buena parte de la de derechas, no han entendido que la sentencia, lejos de hacer irrelevante la pregunta, la torna pertinente puesto que, aún sin poder responderla, declara probado que, sin ser delito, hubo ocultación. Lo que no pueden aclararnos los jueces, pero sí podría hacerlo Rubalcaba, si es que algún diputado del PP quisiera preguntárselo, es por qué lo hicieron, si fue obedeciendo órdenes y de quién.

Con la sentencia que absuelve a un alcalde que consiente que determinadas calles de su municipio lleven los nombres de fallecidos etarras ocurre algo parecido. Ya sé que es difícil entender que siendo la apología del terrorismo un delito, no lo sea la apología de la apología. El caso es que ponerle hoy a una calle el nombre de un etarra es delito, y dejar que siga puesto el que en su día se puso, cuando no era delito hacerlo, no lo es.

Ahora, lo que importa es que hay alcaldes en el País Vasco que, sin ser batasunos, se niegan a cambiar el nombre de una calle o un parque que lleve el de un etarra y aceptan el riesgo de sufrir una condena penal por ello. Nuevamente, interesa preguntarse ¿por qué? En este caso, las respuestas sólo pueden ser dos: el miedo o el hecho de simpatizar con la ETA.

En consecuencia, sea o no delito, en España hay alcaldes que, por miedo o por simpatía hacia la banda terrorista, prefieren que determinadas calles de sus pueblos sigan llamándose con los nombre de terroristas etarras.

La cuestión no es pues si la sentencia es o no ajustada a derecho. La cuestión es que, si Zapatero hubiera continuado la política de Aznar de aislar socialmente al terrorismo y sus ideas, hoy habrían prosperado en el País Vasco la mayoría de peticiones de supresión de calles de etarras sin necesidad de ninguna condena penal. La responsable de lo que padecemos no es, por tanto, una interpretación del delito de apología del terrorismo, probablemente correcta, sino el retroceso que durante la era Zapatero ha padecido la política antiterrorista.

A cada cual, lo suyo. Y en las dos cuestiones que nos ocupan es el Gobierno de Zapatero el que, más que los jueces, debiera dar explicaciones, si es que algún político de la oposición tiene el buen sentido de pedírselas.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

A continuación