Antes Montoro que España

Emilio Campmany

¿Por qué dice Montoro que no se gastado un euro público en la celebración del referéndum ilegal, cuando es evidente que así ha sido, dado que los separatistas están dispuestos a todo por la independencia de su región menos a pagarla? La explicación más sencilla es que la malversación empezó mucho antes de que hubiera declaración unilateral de independencia. El Gobierno esperaba que la sangre no llegara al río. Por eso le pareció conveniente no denunciar las malversaciones que para la organización del referéndum se estaban realizando, convencido de que todo quedaría en agua de borrajas. Contaban con el precedente del 9-N. A Artur Mas no quisieron acusarle de malversación, a pesar de que era obvio que la cometió. Al final, miraron al soslayo, fuéronse y no hubo nada. Y Rajoy y Montoro esperaban que con el 1-O pasaría lo mismo. Pero no fue así.

Ahora, los tribunales investigan la malversación y Hacienda no puede reconocer que sabía que se estaba malversando desde hacía varios meses porque no podría explicar por qué no lo denunció. De manera que, para evitar problemas, y aprovechando que la Generalidad ocultó con mayor o menor astucia los gastos indebidos, con o sin la ayuda de la misma Hacienda, hay que decir que no se gastó un euro público porque, de lo contrario, Montoro quedaría en evidencia.

Así pues, para que el chupasangre salve políticamente su antifonario, España y su Tribunal Supremo tienen que hacer el ridículo. Hasta ahora, las dudas de los tribunales extranjeros se centraban en el delito de rebelión y la necesidad de que haya equivalente en el ordenamiento jurídico del tribunal que ha de decidir o en la necesidad de llevarla a cabo con violencia. Pero ahora que el propio ministro de Hacienda de España, que es quien se supone que mejor puede saberlo, asegura que no ha habido malversación, ¿con qué valor vamos a pedir a los jueces europeos que nos entreguen golpistas para poder ser juzgados por un delito que nuestro Gobierno dice que no se ha cometido? ¿Cómo puede el Tribunal Supremo asegurar en estas condiciones que dispone de pruebas concluyentes? ¿Estarán el resto de delitos, como la sedición y la rebelión, sobre los que pesan mayores dudas, tan poco acreditados como el de la propia malversación?

Una vez que el CNI, dependiente de Soraya, y el Ministerio del Interior, en manos de un protegido de Cospedal, dejaron escapar a un buen puñado de golpistas, el conflicto se ha internacionalizado. Y lo que hace el Gobierno, tras meses de instrucción en el Supremo, es decir que el delito menos grave, pero más fácil de probar, no se ha cometido. Y todo para salvar por enésima vez a Montoro, que ya debió haber dimitido cuando pretendió colar como informe objetivo elaborado por su departamento uno realizado por la empresa que recibía las subvenciones que el informe justificaba.

Con estos ministros, ¿quién necesita enemigos fuera de España? Nos sobran hasta los de Schleswig-Holstein.

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