Declaración de soberanía

Al menos, que recurran al Constitucional

Emilio Campmany

A veces, cuando los nacionalistas atribuyen a los catalanes el derecho a decidir si quieren seguir formando parte de España, se les pregunta si no tienen ese mismo derecho los ilerdenses respecto de Cataluña o los figuerenses en cuanto a Gerona y no saben bien qué contestar. Tan sólo aciertan a decir que no es lo mismo. La cuestión es que sí es lo mismo. Los catalanes no pueden decidir si quieren ser españoles como los ilerdenses y figuerenses no pueden decidir si quieren ser catalanes o gerundenses porque no son soberanos. Ése precisamente es el problema que quiere resolver la declaración de soberanía del Parlamento catalán del martes pasado. Una vez que el pueblo catalán por medio de sus representantes se reconoce soberano, ya puede decidir cosas que ilerdenses y figuerenses no pueden decidir.

Hay sin embargo un obstáculo que muy bien recordó Albert Rivera durante la sesión. La Constitución Española tan sólo reconoce un sujeto soberano, el pueblo español. Por lo tanto, esa declaración de soberanía, necesariamente previa a toda decisión soberana, es inconstitucional. Cabría preguntarse si también es sediciosa. Nuestro Código Penal tipifica la sedición de una manera muy graciosa. Dice el artículo 544:

Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes...

Como ven, sólo cometen sedición quienes se alzan "tumultuariamente", de forma y manera que, si uno se alzara ordenadamente, la conducta sería penalmente irreprochable. Al margen del orden con el que se hayan podido comportar los nacionalistas catalanes, es posible que para poder calificar su conducta de sediciosa tengan que ir algún paso más allá. O quizá baste lo que ya han hecho. No lo sé.

Lo que sí sé es que la declaración, cuando dice:

El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano,

es abierta y groseramente inconstitucional. El Gobierno, para defender su no hacer nada, y muy concretamente el no recurrirla ante el Tribunal Constitucional, alega que se trata de una declaración y no de una norma jurídica. Sin embargo, se equivoca. Esa declaración es mucho más que una norma jurídica. Es el presupuesto indispensable para que el pueblo de Cataluña, por medio de sus representantes, pueda actuar jurídicamente con plena soberanía, es decir, al margen de la Constitución Española.

Por lo tanto, si el Gobierno no quiere detener a los parlamentarios catalanes que votaron la declaración acusándoles de sedición porque cree que todavía no han cometido ese delito, pase. Pero lo que no puede soslayar es pedir al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional dicha declaración, para que el Gobierno y los tribunales puedan considerar ilegal, y en su caso sedicioso, todo comportamiento, acto o norma que en el futuro se funde en dicha declaración. No sé a qué están esperando.

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