11-M

Abogado de parte

Emilio Campmany

Juan Jesús Sánchez Manzano tiene hoy un problema que no tenía ayer. Cuando el abogado de uno tira, como estrategia de defensa, del insólito recurso de solicitar que su defendido sea imputado por un delito más grave de aquel del que en principio se le acusa, uno debería plantearse si ese abogado le está realmente defendiendo a él. Por eso, quizá Manzano debería preguntarse si a ese abogado suyo lo está pagando él o lo está pagando otro. Y si lo está pagando otro, debería hacerse una pregunta ulterior, si lo que está defendiendo ese abogado son sus intereses o los de quien paga.

Porque esta sorprendente estrategia, si tanta benevolencia esperan de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, podía haberse adoptado desde el principio. Sin embargo, no fue así. Se recurre a ella ahora, cuando Interior, ante las amenazas de la juez, ha empezado a aflojar la información que se le estaba solicitando. Dicho de otra manera, Interior no está dispuesto a arriesgar una acusación de obstrucción a la Justicia por defender a Sánchez Manzano. Y ese, precisamente ese es el momento en que su abogado clama por trasladar lo actuado a la Audiencia Nacional. Lógicamente, cabe esperar que el abogado, antes de dar tan chocante paso, haya hablado con su representado y le haya explicado que allí, en la Audiencia Nacional, le van a tratar con más cariño. Y lo más probable es que quien era responsable de los Tedax cuando el atentado del 11-M lo haya creído.

Pero, yo, si fuera él, no estaría tan seguro. Los jueces de la Audiencia Nacional pueden tener, y a veces de hecho tienen, cierta tendencia a mostrarse comprensivos con las cuestiones que puedan poner contra las cuerdas al Estado. Pero, cuando piensan en el Estado, lo ven encarnado en sus más altas figuras, no en un comisario. Si todo ha de quedar en una condena a Manzano por una actuación negligente constitutiva de delito, allí no va a encontrar mayor comprensión de la que pueda hallar en la Plaza de Castilla.

Cuando además el abogado amenaza a la juez con la misma suerte de Garzón, del que hay que recordar que todavía no ha sido condenado, da la impresión de que lo hace para defender a otros, no a Manzano, que ya no puede evitar que sus subordinados testifiquen acerca de las muchas muestras que aquel fatídico día recogieron y que luego, bajo la custodia del comisario, desaparecieron. Lo que a su vez implica que, en la Plaza de Castilla o en la Audiencia Nacional, Manzano tendrá que explicar qué fue de aquel cúmulo de vestigios que desaparecieron sin que hasta hoy nadie haya dado ninguna explicación.

No estaría de más que Manzano recordara la suerte final que, con ocasión de la investigación de los crímenes del GAL, corrieron tantos que estuvieron defendidos por magníficos abogados pagados por otros. Y que lo natural es que el abogado defienda los intereses de quiénes le pagan. Incluso en el caso de que Manzano pagara los honorarios, debería preguntarse si no hay otros redondeando la minuta. Por lo tanto, un consejo: asegúrese de que su abogado es en efecto el suyo. Y, si no está seguro, cambie rápidamente de letrado antes de que sea demasiado tarde.

Emilio Campmany, jurista y analista político. Autor de Operación Chaplin (Algaida), Quién mató a Efialtes (Ciudadela) y Verano del 14 (Esteságoras).

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