A vueltas con la nacionalidad

Emilio Campmany

Hay políticos torpes. Los hay también torpísimos. Luego, no hay nadie. Y finalmente están Rajoy y Margallo disputándose la primacía. ¿Cómo puede el presidente del Gobierno contestar "no sé" a la pregunta de si, declarada la independencia, perderían o no los catalanes la nacionalidad española? ¿Cómo se puede comparar el caso de Cataluña con el de la independización de una excolonia francesa? Y eso precisamente cuando los independentistas justifican su deseo alegando que España ha tratado a Cataluña como a una colonia. Naturalmente, la alegación es falsa, pero podría ser que el señor ministro de Asuntos Exteriores esté en condiciones de convencernos de que la relación de Cataluña con España es la misma que tuvo Argelia con Francia. Y dicen ambos estas sandeces precisamente cuando los nacionalistas están en máximos históricos de gansadas por minuto.

Insisten por ejemplo en algo tan absurdo como que los nacionales de una Cataluña independiente seguirían siendo a todos los efectos españoles porque la Constitución dice en su artículo 11.2 que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Y ni Rajoy ni Margallo les dicen, seguramente porque no lo saben ni se han preocupado de enterarse, que hay que distinguir entre privación, que ocurre contra la voluntad del sujeto a modo de sanción, y pérdida, que se produce por voluntad del sujeto o a consecuencia de determinados actos tolerados por él que conllevan la pérdida de la nacionalidad. El caso paradigmático es la adquisición de otra nacionalidad. La pérdida es automática cuando esa adquisición va acompañada de la renuncia a la que ya se tiene. De hecho, la renuncia es un requisito habitual en los trámites de adquisición de cualquier nacionalidad, salvo que haya tratado de doble nacionalidad. Si la Constitución estuviera queriendo decir, como han entendido los cacasenos de Esquerra Republicana, que no hay forma de perder la nacionalidad española haga uno lo que haga, no tendrían sentido ninguno de los tratados de doble nacionalidad que hemos suscrito con algunos países. La razón de ser de esos tratados es precisamente evitar lo que ocurre en todas partes de forma natural, esto es, que la adquisición de una nueva nacionalidad implica la pérdida de la que se tiene.

Para que las cosas sean así y sea posible verlas claramente así, no es necesario comparar a Cataluña con Argelia ni meterse en complicadas disquisiciones jurídicas. Basta darle un par de vueltas a los textos legales y echarle un vistazo a los comentarios existentes a los mismos. Naturalmente, estudiado en profundidad, se descubren complicaciones que, sin embargo, no afectan a la esencia de la cuestión, que es poco más o menos como aquí ha quedado expuesta. Y estas dos alhajas, siendo como son miembros del Gobierno, tienen la obligación de enterarse. Ya se ve que, si va a depender de la habilidad y diligencia de ellos el que España continúe unida, podemos darla por rota. Y estaremos de suerte si sólo nos rompemos en dos pedazos.

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