Las tinieblas vehiculares

Eduardo Goligorsky

El nombre de la ministra Isabel Celaá pasará a la historia del fomento de las tinieblas, asociado a la ley –esperemos que muy efímera– que suprimió el español como lengua vehicular en los planes de enseñanza. Esta iniciativa aberrante e inconstitucional, encaminada a amputar los vínculos sociales, culturales, económicos y sentimentales entre los habitantes de las diversas regiones de España y de estos con los cientos de millones de castellanoparlantes repartidos por el mundo, ha sido la moneda de cambio con que el contubernio de mal nacidos que lucra en la Moncloa compró los votos de los partidos de renegados antiespañoles para aprobar sus presupuestos y perpetuarse en el poder. Así es como se ha promulgado, en el texto de la Ley Celaá, la categoría vehicular de las tinieblas, borrando la mención a la lengua de nuestra patria.

El mito caducado

Hay que ser muy iluso o muy bruto para pensar que esta medida retrógrada favorecerá la difusión y consolidación perdurable de las lenguas regionales y, con ellas, las espurias identidades centrífugas. Vana quimera. En un entorno globalizado, los seres pensantes prefieren, por razones prácticas, las lenguas con proyección y prestigio internacional. El español lo es, y quien tiene la suerte de aprenderlo desde la infancia, lo adoptará como suyo, despreciando las coacciones de los lavadores de cerebros. Y movido por las mismas razones prácticas, cuando se le presente la oportunidad de estudiar una segunda lengua, elegirá una igualmente útil. En las escuelas oficiales de idiomas gestionadas por el Departament d´Ensenyament catalán la opción mayoritaria es el inglés, seguido por el francés, y a continuación por el alemán (“Los idiomas con futuro”, LV, 7/2/2016).

El mito del bastión identitario ha caducado. Lo verifica documentadamente el catedrático Francesc Granell (“La Catalunya babélica”, LV, 23/10/20):

Tal como está evolucionando la economía catalana, y viendo que sus principales empresas ya no pertenecen a familias catalanas sino a empresas multinacionales o a fondos de inversión -y menos mal que esto es así-, quién va a hacer la, por algunos deseada, independencia de Catalunya. (…) La identidad industrial catalana daba consistencia al catalanismo, cosa hoy difícilmente posible con la Catalunya babélica que se nos está quedando con las mayores empresas dirigidas desde el extranjero.

Degradación del lenguaje

Es en este entorno globalizado que describe Granell donde la Ley Celaá viene a repartir tinieblas. Porque estamos viendo que al cabo de 40 años de experimentos de ingeniería social practicados mediante programas compulsivos de inmersión lingüística, la sociedad catalana asiste a la degradación del lenguaje en los dos ámbitos culturales: los castellanohablantes utilizan fluidamente su lengua pero se les ha privado de la escolarización indispensable para hacerlo correctamente, y los catalanoparlantes oscilan entre el anquilosamiento folclórico y una jerga ambigua, el catalañol, que les cierra las puertas del progreso laboral en el resto de su país, España. Lo dicho: el léxico, la sintaxis y la ortografía en ambas lenguas, envueltos en tinieblas.

Convivimos con millones de compatriotas perjudicados por estas anomalías, pero ahora las padece una nueva generación que estamos a tiempo de salvar si nos movilizamos contra la Ley Celaá y sus metástasis regionales, donde “siete de cada diez docentes creen que tienen que hablar del procés en clase” (LV, 11/10/2020).

Custodios del gueto ágrafo

Son los custodios del gueto ágrafo supremacista quienes se muestran alarmados por su fracaso y claman por un refuerzo del aparato represivo de la Generalitat. Los espías de la Plataforma per la Llengua han detectado que en el patio de las escuelas primarias de las zonas urbanas solo el 35 % de los niños hablan en catalán, porcentaje que se reduce al 14,6 % en los institutos. Se escandaliza la panfletista Pilar Rahola (“Agresión”, LV, 20/12/2020):

Una emergencia especialmente clara en las escuelas, donde los niños y los jóvenes, aunque conozcan el catalán a la perfección, optan por el castellano en el patio, en el ocio y globalmente en las conversaciones.

Tampoco entre los adultos ha cuajado la campaña de inmersión que comenzó en 1983. Según la encuesta de GAD 3 (LV, 11/1/2021), el 39,2 % de los catalanes habla preferentemente en español; el 28,6 % indistintamente en español y catalán; y el 31,4 % preferentemente en catalán. El 73,7 % se siente en su país cuando viaja por España.

Faros constitucionalistas

En síntesis, Cataluña es, desde el punto de vista de la convivencia lingüística, una región mucho más normal de lo que querrían los sembradores de odios étnicos. Pero sus ciudadanos sufren los efectos de las incesantes ofensivas de discriminación atrabiliaria que deterioran la calidad de su cultura, tanto en una lengua como en otra. Lo cual explica la necesidad de que el 14-F (o cuando se celebren las elecciones catalanas) los faros constitucionalistas disipen definitivamente, sin rivalidades suicidas entre ellos, las tinieblas vehiculares expandidas por los rufianes que nos desgobiernan en comandita con los quintacolumnistas Salvador Illa y Miquel Iceta, pioneros de la inmersión lingüística y los indultos a los golpistas. Insisto: sin rivalidades suicidas entre los constitucionalistas.

PS: Escribe Francesc de Carreras (“La mochila de Salvador Illa”, El País, 13/1/2021):

¿Puede algún ciudadano catalán contrario a la independencia dar el voto a un partido socialista cuyo objetivo, aunque no lo confiese, sea pactar con ERC?

Una verdad como una catedral.

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