Guerra de porcentajes

Eduardo Goligorsky

Un grupo de padres (no "los padres", que sería una sinécdoque, tomar la parte por el todo) del villorrio de Canet de Mar se alzaron contra el mandato judicial de impartir el 25% de las asignaturas en español en la escuela donde estudian sus hijos. El comportamiento racista y xenófobo de ese puñado de cavernícolas contó inmediatamente con la aprobación explícita de los capos de la Generalitat, respaldados por un exabrupto del Consell Escolar de Catalunya, según el cual "el modelo de inmersión lingüística de Cataluña (...) debe defenderse desde frentes sociales, educativos, políticos y, también, jurídicos" (LV, 2/12).

La piedra del escándalo

La piedra del escándalo para los talibanes de la lengua es ese exiguo 25% de español herético que, cuando se cuela en el tabernáculo del aula, basta para desvirtuar con su influencia pecaminosa la santa cruzada emancipadora. Clama sin una pizca de vergüenza el imputado por diversos delitos económicos Jordi Pujol i Soley ("Cuando el Constitucional entendía el catalán", LV, 5/12):

Hay que decir que esta nueva ofensiva contra la lengua no nos debe sorprender. La gradual residualización (sic) del catalán es el objetivo de sectores políticos, intelectuales y sociales de España. Muy importantes. (…) Decidir sobre la enseñanza de la lengua en la educación en Catalunya sí que es una cuestión de Estado.

Para colmo, el muy desfachatado intenta apropiarse, para llevar agua a su molino, del pensamiento ilustrado de quien fue presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por quienes hoy son sus aliados predilectos en la patochada independentista. Las palabras que le atribuye son las de un humanista liberal, no las de un cómplice de los balcanizadores reaccionarios.

Empieza la guerra

Vayamos a los porcentajes. El Tribunal Supremo dictaminó que un mínimo del 25% de la enseñanza en Cataluña debe impartirse en la lengua oficial de España, que, tal como lo estipula la Constitución, es el castellano. Los mandamases de la Generalitat se rebelan contra esta sentencia y se ciscan en la lengua oficial. Pero…

Aquí empieza la guerra de porcentajes. El contubernio supremacista patea el tablero y saca de la chistera sus reivindicaciones fraudulentas. Los insurgentes no reconocen los derechos de la lengua oficial, ni el porcentaje que el TS le adjudica, y la proscriben, pero exigen, mediante chantaje, que la Ley del Audiovisual imponga a las plataformas internacionales –ajenas a estos conflictos tercermundistas– un porcentaje estricto de producciones en sus poco rentables lenguas regionales, ascendidas, perentoriamente, a la categoría de cooficiales.

Juegos malabares

El veterano prestidigitador Francesc-Marc Álvaro se encarga de practicar juegos malabares con las postverdades ("¿Son o no lenguas españolas?", LV, 2/12). Poniendo la realidad patas arriba y acusando a los españoles de aquello de lo que son culpables los irredentistas catalanes. Para ello, le basta atribuir al "españolismo" las fobias intrínsecas de sus cofrades secesionistas. Y escribir "centralismo" donde lo que corresponde es "rupturismo". Transcribo su texto con las rectificaciones que me parecen justas entre paréntesis:

Una idea monolingüe de la españolidad (catalanidad), acorde con el centralismo (rupturismo), sobrevive al diseño autonómico y toma formas muy diversas, entre las cuales no es menor el desprecio –cuando no el odio– a la diferencia.

¡Bravo! Tenemos aquí el retrato de la carcundia que exacerba desde el puente de mando a quienes, como la tribu belicosa de Canet de Mar, sacralizan la idea monolingüe de la catalanidad y practican implacablemente el desprecio –y también el odio– al diferente. En este caso, el odio visceral contra los padres de un niño de cinco años resueltos a asegurar su bienestar futuro gracias al amparo de la ley. Un acto de valentía en aras de la cultura, insoportable para los paletos aborregados que condenan a sus hijos a seguir vegetando, como ellos, en el oscurantismo aldeano.

Prurito totalitario

Movido por el prurito totalitario de transformar las plataformas audiovisuales en franquicias de las sectas rupturistas mediante la programación coactiva de cuotas lingüísticas, Álvaro pregunta:

¿Serán respetadas unas lenguas que son tan españolas a efectos administrativos como el castellano? ¿Será la Ley del Audiovisual una nueva ocasión de ser tratados los catalanes como españoles de segunda?

Sería cómica esta chirigota si no ocultara una maniobra encaminada a reforzar el arsenal de la campaña tramada por los enemigos de España para desmembrarla. Una maniobra, además, torpe. Porque quienes la ejecutan son los mismos que reniegan aparatosamente de la nacionalidad española (plena y cabal, no de segunda) que heredaron en la cuna y enriquece su DNI, y que persiguen el castellano y discriminan administrativa y culturalmente a sus hablantes en los territorios donde impera su despotismo feudal. ¿Española la lengua de Pere Aragonès y Carles Puigdemont, cuando estos y sus subordinados abominan de la Constitución de 1978 en su aniversario y solo prometen obedecer la de una nonata república etnocéntrica? No me hagan reír.

La guerra de los porcentajes debe terminar aquí. Con el español como lengua vehicular, con el 25% –como mínimo hasta que las nuevas generaciones pidan más– impartido en todo el sistema de enseñanza y con las plataformas audiovisuales manejando sus negocios sin porcentajes antieconómicos dictados por intromisiones espurias.

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