Con licencia para discriminar

Eduardo Goligorsky

La fotografía mostraba a la entonces vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante su visita a Níger, el país más pobre de África, saludando a un empresario local al que acompañaban tres mujeres y otros nativos. La viajera confesó que se sintió "horrorizada" al enterarse de que las tres mujeres eran las esposas del empresario y que sus otros acompañantes eran algunos de sus 18 hijos (El País, 12/5/2008). Y agregó que si hubiese sabido que se trataba de un polígamo no lo habría saludado.

'Progres' intolerantes

La reacción de aquella valquiria, hoy felizmente borrada de la escena pública, confirmó que algunos progres son tan intolerantes y alimentan tantos prejuicios como algunos reaccionarios cuando deben enfrentarse con estilos de vida, costumbres y escalas de valores que no se ciñen a sus esquemas. Lo que la horrorizaba no era una violación de los derechos humanos ni un acto criminal, como podrían ser la antropofagia, la esclavitud, la pederastia o la ablación del clítoris, que también se practican en los territorios que visitaba, sino una manera distinta, y para los occidentales poco ortodoxa, de abordar la vida familiar y sexual.

Sin embargo, a estos mismos progres les horrorizaría que alguien se horrorizara (y pido perdón por la redundancia) al enterarse de que el caballero que acompaña al embajador de Estados Unidos en España es su legítimo cónyuge, o de que ese mismo embajador iza la bandera del arco iris en la sede diplomática y en su residencia particular en el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia (El País, 17/5). Para ellos, la homosexualidad, hasta hace poco tiempo tabú, ha conquistado una categoría notable de aceptación social, en tanto que, siempre para ellos, la poligamia nunca sale de las tinieblas de la barbarie arcaica. Aunque si el lobby musulmán ejerce suficiente presión… Ya se verá. Para empezar, los obispos africanos han introducido el tema de la poligamia en el sínodo de la Iglesia católica sobre la familia.

Una ley superflua

Lo que me inspira estas reflexiones es el hecho de que el Parlamento de Cataluña ha aprobado, con la oposición del Partido Popular y, para algunos artículos, de Unió, la Ley de Derechos de las Personas Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales y por la Erradicación de la Homofobia. Y fue precisamente la diputada del PP Dolors López Aguilar quien, durante el debate parlamentario, desmenuzó con mayor precisión los entresijos de esta ley que la convierten en un arma para la discriminación de signo opuesto, cuyo corolario es la sociedad transformada en rehén de una minoría bien organizada y dotada de un ostensible poder económico, con licencia para discriminar. Advirtió la diputada, para despejar equívocos:

Deseo comenzar manifestando nuestro respeto más absoluto a la diversidad afectiva y sexual. Y es nuestro deseo y nuestra voluntad garantizar los derechos de las personas LGTB y evitar cualquier situación de discriminación. Una discriminación que somos conscientes de que padecen, y de que si bien se ha avanzado mucho en el reconocimiento social, infortunadamente todavía estamos lejos de una normalización completa, que es el objetivo. El objetivo de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, pero que también es el objetivo de toda la sociedad y, cómo no, de los representantes de la ciudadanía que somos nosotros.

Dolors López Aguilar subrayó que no se puede dictar una ley para cada colectivo cuyos derechos corren el riesgo de estar amenazados y que el marco jurídico ya obliga a los poderes públicos a velar por la no discriminación. Y añadió que el Código Penal protege contra la discriminación por motivos de orientación sexual e incluso contempla circunstancias que agravan la responsabilidad penal cuando se comete un delito por esos motivos. Desde este punto de vista, la nueva ley es superflua.

Impugnación rotunda

La diputada impugnó con rotundidad el intervencionismo que impregna la ley y que culmina con la imposición de la tramposa discriminación positiva, la cual puede volverse contra los ciudadanos que no forman parte del colectivo arbitrariamente privilegiado hasta terminar convirtiéndose en una nueva forma de discriminación practicada por los antes discriminados. Explicó en el Parlamento:

Este grupo parlamentario no está a favor de las discriminaciones positivas, no lo está, no lo estamos en otros aspectos. Yo soy mujer y no estoy a favor de que haya cuotas en un partido por el hecho de que seamos mujeres. Por lo tanto, no creemos que al final esta discriminación positiva favorezca al colectivo. En temas tan importantes como la sanidad, donde hay una discriminación positiva de manera muy clara, con la implantación de medidas para la ocupación, cuando dice que se implantará progresivamente el índice de igualdad dentro del sector público y se fomentará su implantación en el sector privado, ¿se están proponiendo cuotas? ¿Se está diciendo que una persona, por el hecho de tener una determinada preferencia sexual, puede optar a un determinado puesto de trabajo con más puntos, con más oportunidades que una persona que no tiene esa determinada preferencia sexual? Vean, yo no puedo compartir de ninguna manera este criterio. Creo que a una persona se la debe contratar por su aptitud profesional, por su valía y no por su condición sexual, porque la condición sexual forma parte de la intimidad de la persona y me parece un atentado contra la libertad que una persona tenga que manifestar su condición sexual para acceder a un puesto de trabajo.

La conclusión a la que llegó la diputada del PP fue igualmente irrefutable:

Con esta ley se pretende establecer una nueva categoría humana basada en la opción afectiva sexual. Nuestro modelo es absolutamente contrario a esta tesis. Nuestro modelo es otro, basado en el respeto a todas las personas, independientemente de su sexualidad, de su raza o de su religión. Como tampoco podemos estar de acuerdo con la inversión de la carga, de la prueba, que se invierte excepcionalmente atribuyendo toda la responsabilidad al demandado.

Una aberración jurídica

La inversión de la prueba que denunció la diputada López Aguilar es una aberración jurídica típica de regímenes totalitarios y entra en colisión con la presunción de inocencia, un derecho universal que figura en el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y en el artículo 24 de la Constitución española. Aquí, será el presunto discriminador el que tendrá que demostrar que no discriminó, en tanto que el denunciante no tendrá que probar nada. Ideal para la intimidación y la venganza. Con el agravante de que la gama de transgresiones posibles desafía la imaginación: desde la discriminación directa, indirecta, por asociación, múltiples… hasta el acoso, la represalia discriminatoria o la victimización secundaria (LV, 12/9).

Òscar Guasch, doctor en Antropología Social y profesor de la Universidad de Barcelona, consultado antes de que se aprobara la nueva ley, sentenció (LV, 19/5):

España, aun más Catalunya, y aun más Barcelona, son los mejores lugares del mundo para ser homosexual. Y la ley que próximamente aprobará el Parlament apunta una vía de mejora.

Nada que objetar, si no fuera porque dicha mejora está acompañada por la creación de un terreno ambiguo donde la acusación de homofobia pende como una espada de Damocles sobre quienes no comparten las tesis que oficializa la nueva ley. Con el agravante, insisto, de que es el acusado quien deberá probar que no es culpable. Y una de dichas tesis se traduce en la imposición inapelable de la muy controvertida ideología de la identidad de género en todas las etapas del ciclo educativo, desde la escuela primaria hasta la universidad, con las familias reducidas al papel de convidadas de piedra. Peor aun, obligadas a soportar, impotentes, que sus hijos menores de edad sufran un adoctrinamiento coactivo que, como adelanto en mi artículo "Ni homófobos ni desaprensivos" (Libertad Digital, 30/8/2013), debilita las defensas que les han inculcado en el hogar contra los depredadores pedófilos. Este es el pensamiento único en el apogeo de su dimensión totalitaria.

La frivolidad de los expertos

Vale la pena intercalar aquí la opinión de Thomas Szasz, un antipsiquiatra libertario que nadie se atrevería a tildar de homófobo, sobre la frivolidad con que incluso los expertos abordan el tema de la homosexualidad (El segundo pecado. Reflexiones de un iconoclasta, con prólogo de Fernando Savater, Alcor, 1992):

Cuando un hombre tiene relaciones con muchas mujeres los psicoanalistas dicen que tiene un complejo de Don Juan, que significa homosexualidad latente. Pero cuando un hombre tiene relaciones con muchos hombres los psicoanalistas no dicen que tiene un complejo de Oscar Wilde, que significa heterosexualidad latente.

Quienes discrepamos de la política de discriminación positiva, de la ideología de identidad de género y de la atribución de responsabilidad penal a quienes defienden un modelo de vida distinto del nuestro no levantamos la pancarta del Orgullo Heterosexual -nuestra condición natural no está sujeta a exhibiciones de soberbia competitiva-, sino la bandera de los valores de la sociedad abierta, plural y respetuosa del prójimo, libre de discriminadores y represores empeñados en disciplinar nuestro pensamiento o nuestras costumbres y las de las nuevas generaciones.

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