Chapuzas, no

Eduardo Goligorsky

Nunca falta el lenguaraz secesionista que saca del baúl de los rencores la famosa sentencia del que fuera ministro de Educación, José Ignacio Wert: "Vamos a españolizar a los niños catalanes". Suma injuria para el secesionista, que interpreta el proyecto como una amenaza de colonización. Sin embargo, el traspié del ministro consistió en plantear como un plan provocativo algo que la naturaleza y la legislación vigente ya habían llevado a cabo: los niños catalanes son españoles desde el momento en que nacen, igual que los andaluces, los vascos, los murcianos o los gallegos, y que todos los paridos en la Piel de Toro, hijos de madre o padre español. Es superfluo prometer convertirlos en lo que ya son. Así queda certificado en los documentos que exhibirán a lo largo de toda su vida. Aunque más tarde sus alzamientos contra la ley los hagan recalar en una ascética celda de Estremera, presos, o en una opulenta mansión de Waterloo, huyendo de la justicia, seguirán siendo españoles. Y por esta razón sus actos continuarán sometidos a la valoración que de ellos haga la justicia española.

Desobediencia contumaz

Lo más probable es que Wert quisiera decir que había llegado la hora de rescatar a los niños españoles nacidos o residentes en Cataluña del laboratorio de ingeniería social donde los había recluido un régimen local totalitario, gobernado por un conglomerado tribal cuyo gran sacerdote atesoraba, a espaldas de sus feligreses, cuantiosos bienes mal habidos. Gente poco recomendable para educar a la infancia cautiva.

Los trapicheos del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español con el alto mando de los conspiradores secesionistas –todavía astutamente enmascarados– frustraron la iniciativa depuradora de Wert –que tampoco tenía una formulación concreta más allá del postureo retórico– y la campaña discriminatoria contra el castellano siguió intoxicando a muchas generaciones desde el parvulario hasta la universidad. Las sentencias judiciales que amparaban el derecho de los hijos de familias castellanohablantes –y también catalanoparlantes sin prejuicios retrógrados– a salir del gueto provinciano y a cursar asignaturas en la lengua nacional chocaron con la desobediencia contumaz de los fundamentalistas hispanófobos. Únicamente perduró una chapuza en la Lomce, que el Tribunal Constitucional acaba de derogar.

Solo los sucesivos movimientos regeneradores que Antonio Robles describe en su enciclopédica Historia de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña (Crónica Global, 2013) fueron marcando el rumbo de la oposición a la dictadura ideológica y lingüística implantada en 1981; oposición que por fin parece haber ocupado el espacio político que le corresponde, gracias a los resultados electorales mayoritarios de Ciudadanos –y el social, gracias a la buena acogida de Sociedad Civil Catalana–.

Reacción furibunda

La entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución española para sofocar el golpe de Estado secesionista devuelve al Gobierno el ejercicio de la autoridad que le habían birlado arteramente los conspiradores. Y la sociedad exige que quienes pueden restablecer el orden jurídico y el clima de convivencia lo hagan sin concesiones ni evasivas. Bastará que empiecen por aplicar las abundantes sentencias judiciales que obligan a dictar asignaturas troncales en castellano. Chapuzas, no.

En este contexto falsean la realidad quienes, como Xavier Vidal-Folch y Almudena Grandes, se oponen a que el artículo 155 sirva para hacer cumplir las sentencias judiciales (El País, 19/2). Insisto, no se trata de promulgar una nueva ley, sino de respetar las sentencias ya dictadas en el marco constitucional. ¿Protestarían estos objetores si el Gobierno aplicara el 155 a una comunidad autónoma que se negara a obedecer la ley de matrimonio homosexual o del aborto? ¿El derecho de los padres a asegurar el futuro de sus hijos con una educación abierta al mundo es menos importante que el derecho de los gays a casarse o el de las familias a planificar su descendencia?

La iniciativa de hacer cumplir las sentencias judiciales que obligan a emplear el castellano como lengua vehicular en todas las escuelas del sistema público de enseñanza es un primer paso en la buena dirección. La prueba de que lo es la encontramos en la reacción furibunda del contubernio supremacista y de su servidumbre enrolada en la izquierda reaccionaria. Les basta oír la palabra castellano para perder la chaveta. Meritxell Batet informó de que el PSC se opone a "segregar por razones de lengua" (LV, 16/2), compinchada con Joan Mena, de En Comú Podem, que acusa a los partidarios del bilingüismo de "querer dinamitar los consensos sociales y políticos de la sociedad catalana", y con Manuel Pulido, secretario de CCOO en Cataluña: "No vamos a permitir que se segregue por la lengua". Todos arropados por la estulticia de los bufones Pedro Sánchez y Miquel Iceta.

Es ilustrativo comprobar que estos renegados del credo humanista e internacionalista que sustentó el socialismo en sus orígenes, antes de pudrirse infectado por el nacionalismo y el leninismo, actúan como instrumentos de la casta etnocéntrica que utiliza la lengua para discriminar a los ciudadanos cuando estos se niegan a abjurar de la condición de españoles que tienen desde la cuna. Los discriminadores y segregadores son los promotores de una república totalitaria donde quienes hoy componen la mayoría del censo electoral y demográfico serían tratados como parias.

Trampantojos espurios

Lógicamente, quienes llevan la voz cantante en la campaña contra la enseñanza del castellano no son estos personajillos de la chusma claudicante, sino las eminencias grises de la conspiración y su equipo de propaganda. Ellos son quienes más tienen que perder si se frustra la balcanización de España. Saben, estos sinvergüenzas, que la inmersión lingüística no fue más que el primer eslabón de una cadena de trampantojos espurios programados para fracturar y debilitar la sociedad catalana. Si se rompe ese eslabón primordial, corre peligro el resto de la maquinaria subversiva.

Como de costumbre, es Francesc-Marc Álvaro quien da la voz de alarma ("Vivir bajo el 155", LV, 16/2). Empieza por crear un clima de beligerancia propicio al victimismo, extrapolando maliciosamente como un clamor masivo aquel grito solitario "¡A por ellos!" que se escuchó, aisladamente, en una despedida a las fuerzas de seguridad del Estado. Y olvida que fue el cabecilla hoy fugitivo de su banda quien profirió aquella amenaza mafiosa con la que expulsó de Cataluña a dos bancos, 3.250 empresas y tropecientos inversores, compradores y turistas: "Damos miedo, y más que daremos". ¡Vaya híbrido de Atila, Terminator y Don Corleone!

Álvaro envenena su discurso denunciando una intención ficticia de "desmontar la lengua catalana", cuando es obvio que esta formará parte de la aplicación civilizada del bilingüismo. Y arremete:

Desmontar la escuela y la lengua catalana es solo la primera parte de un plan que pone el foco también en los medios públicos, los Mossos y las finanzas de la Generalitat, que están bajo los designios de Montoro desde hace tiempo.

Semillero de endogamias

El predicador secesionista no incurre en una indiscreción al enumerar los componentes de la trama golpista que es indispensable desmontar, exceptuando, repito, la lengua catalana, que él ha incluido falazmente. Todos los conocemos y la nomenklatura se jacta de controlarlos y de utilizarlos en su propio beneficio: escuela sectaria, medios de comunicación regimentados, policía local cooptada y finanzas malversadas. El mayor aliciente que tienen los trileros enfrentados entre sí para escenificar una reconciliación transitoria es la necesidad de conservar estos rentables factores de poder que, previsiblemente, después se disputarán en la timba de los despachos oficiales con las malas artes típicas de su oficio clandestino.

Esto es lo que debe tener presente el arco constitucionalista. La recuperación del castellano en el sistema de enseñanza de Cataluña será un primer paso positivo. Pero hay más. La escuela tiende a ser, en Cataluña y en algunas otras comunidades autónomas, sobre todo en las mal llamadas "históricas", un semillero de endogamias. Secesionistas, unas veces, regionalistas otras. La discriminación entre Nosotros y Ellos se puede inculcar en muchas lenguas, incluido el castellano.

Por lo tanto, urge elaborar un plan de enseñanza de ámbito nacional, que salvaguarde las asignaturas troncales: la lengua, la historia y la geografía compartidas por todos los españoles. Como en Francia, donde Emmanuel Macron acaba de parar los pies a los prepotentes corsos, ciñéndose a normas que no son jacobinas, como pregonan los cavernarios, sino laicas, igualitarias y constitucionales. Urge, asimismo, que se adopten las medidas preventivas que más temen los supremacistas, o sea las que evitarán que si retoman las riendas del poder valiéndose de sus artimañas crónicas sigan fracturando la sociedad catalana y empobreciéndola en los terrenos moral, cultural y económico. La escuela, los medios de comunicación públicos, las fuerzas de seguridad y el presupuesto deben estar al servicio de la comunidad, no de sus saboteadores, aunque estos usufructúen una mayoría parlamentaria que no refleja la mayoría social.

Dejar inconclusas las tareas de saneamiento institucional y de restauración de los deberes y derechos constitucionales sería una chapuza. Chapuzas, no.

PS: Me recuerda un lúcido amigo catalán que algunos defensores de la inmersión lingüística sugieren, para presumir de moderados, que el sistema se puede mejorar. Pero jamás insinúan siquiera en qué pueden consistir las mejoras. Si estás sosteniendo la cabeza de un individuo sumergida bajo el agua y realmente quieres mejorar su situación, debes permitir que la saque inmediatamente a la superficie para respirar. La asfixia por inmersión no se mejora. La interrumpes sin demora o ahogas al sumergido. Metafóricamente, en este caso, pero con un daño irreparable a la cultura.

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