Al ladrón, al ladrón

Eduardo Goligorsky

El carterista, maestro en el arte de la distracción, huye del escenario de sus fechorías señalando hacia delante y gritando: "¡Al ladrón! ¡Al ladrón!". El rebaño corre hacia donde apunta el dedo y agrede a un guardia jurado vestido de paisano. Cuando el chorizo comparece por fin ante el juez, su abogado alega que fue hurto y no robo y que el reo era un veterano de guerras patrióticas, muy apreciado por sus vecinos, en tanto que el guardia jurado debería haber vestido un uniforme que lo identificara. El juez se conmueve y el preso recupera la libertad para volver a las andadas.

Compensar el daño

Introduzcamos un cambio en la dimensión del libreto. Quien huye es un híbrido de Atila, Terminator y Don Corleone, cabecilla de una banda creada para apropiarse de un territorio amputándolo de su hábitat natural, que escapa de las fuerzas del orden explotando la credulidad de una masa gregaria que lo sigue, mientras él vocifera "¡Salvadme de la dictadura fascista!". Y apunta con el dedo a un juez togado.

En este guion, el fugitivo salta de un piso franco deluxe a otro hasta que… ¡milagro!, en el entorno que parecía más hostil lo recibe gente amiga. "Hola, Carles Puigdemont. Bienvenido a Schleswig-Holstein. Aquí transmutaremos sus mentiras dolosas en verdades incontestables, porque nos cae simpático". (Ver: "Políticos presos, no presos políticos", de Javier Cercas, El País, 12/4).

Los episodios siguientes son de sobra conocidos, pero conviene rescatar algunos detalles para compensar, en una mínima parte, el daño inferido a España y a los 3.550.000 catalanes ninguneados por los 2 millones de secesionistas y, por lo tanto, víctimas de los rufianes sublevados. En primer lugar, el ministerio fiscal de la región que recibió la euroorden de detención y extradición aprobó su cumplimiento. Y en segundo lugar, los mismos tres jueces que negaron la extradición con argumentos farisaicos desbarataron una de las falacias favoritas de los secesionistas y dictaminaron que el capo di tutti capiy sus cómplices no eran acosados por razones políticas. Los tres jueces reconocieron que los presos y los prófugos habían instigado y encabezado un proceso violento, aunque -según su criterio- no hasta el punto de convertirse en el delito de alta traición castigado por la ley alemana. Y negaron explícitamente que los persiguieran por sus ideas. Fuera los lazos amarillos.

Las llaves del tesoro

Queda en pie el tema de la malversación de caudales públicos, pendiente de los caprichos, ya que no se puede confiar en las razones, de los tres jueces de la región alemana. Pero, aunque también lo rechacen, deberá ser centro de una campaña de esclarecimiento dentro de la sociedad catalana. Si es motivo de escándalo y de descrédito político que Cristina Cifuentes haya cometido una patética infracción moral que no cancela sus méritos como presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué sanción se debe aplicar a un jerarca que, según la Guardia Civil, ha metido la mano en los bolsillos de todos los contribuyentes para malversar 1,7 millones de euros de fondos públicos con los que se financió una operación política ilegal? Según el Código Penal, le corresponden hasta 12 años de prisión.

La comparación con el caso Cifuentes es ilustrativa. Hoy nadie apuesta un duro fuera de circulación por el futuro institucional de la falsa máster, en tanto que existe un movimiento político empecinado en devolver las llaves del tesoro al malversador Puigdemont, reintegrándolo a la presidencia de la Generalitat, o convirtiéndolo en el titiritero que maneja los hilos del guiñol catalán desde algún enclave acogedor.

Llamemos a las cosas por su nombre. La responsabilidad de cerrar el paso a esta pandilla de depredadores no puede recaer sobre la Justicia alemana. La Justicia española está cumpliendo con su función y por eso todos los golpistas y sus compañeros de viaje alimentan un odio visceral contra ella. Son los jueces y fiscales españoles, muchos de ellos catalanes, quienes deben dictaminar quiénes son los rebeldes, los sediciosos, los desobedientes, los malversadores, y aplicarles las penas que marca el Código. Pero con esto no basta.

Balance de pérdidas

Urge que sea la sociedad catalana en su conjunto la que haga el balance de lo que ha perdido en pocos años por culpa de una camarilla de sinvergüenzas envueltos en la estelada, que tampoco es su bandera. Una pérdida que lesiona a constitucionalistas y secesionistas por igual. Una pérdida que los tres jueces alemanes no supieron medir en sus cálculos sobre la violencia y la traición, pero que tiene, para los perjudicados catalanes, todos los efectos nefastos de la violencia y la traición que pasaron inadvertidos a dichos jueces.

Se ha perdido el clima de convivencia entre familiares, amigos, vecinos, socios, compañeros de trabajo. Se han perdido la riqueza cultural del cosmopolitismo; el estímulo intelectual de la enseñanza bilingüe; el respeto al pensamiento heterodoxo. Las pérdidas económicas son cuantiosas y no aparecen en ningún inventario del supremacismo porque todas son testimonios de la decadencia. ¿No se dieron cuenta los jueces alemanes, tan listos ellos, de que si dos grandes bancos catalanes y más de 3.200 empresas abandonaron Cataluña fue porque el proceso llevaba consigo la amenaza solapada de violencia? Se perdieron, asimismo, la Agencia Europea del Medicamento y la World Race de Vela. Y "la inversión extranjera cae un 39% en Catalunya y crece en el resto de España" (LV, 21/3) porque los capitalistas de todo el mundo tienen el olfato más fino que los tres jueces alemanes para captar el hedor de la podredumbre que despide la trama xenófoba del supremacismo.

Genoma violento

¿Todo retrocede, entonces, en el aborto de república que nos legó el presunto malversador de 1,7 millones de euros? No, algo avanza: "Los robos con violencia en domicilio suben un 12,67 %" (LV, 7/4). La hez de la sociedad es más bruta que la élite cuando se apropia de los bienes ajenos, pero si otros jueces garantistas, que en España también los hay, se compadecen de ella y la dejan en libertad, quizá los hampones se irán refinando en la escala delictiva y terminarán conociendo mundo en Bruselas, Copenhague, Ginebra, Helsinki o Berlín.

Ahora, a mitad de camino entre el hampa pura y dura por abajo, y la plana mayor del supremacismo por arriba, brotan en Cataluña los Comités de Defensa de la República. Son vástagos de las fuerzas de choque que sembraron y siembran el terror desde los años 1920 en todos los Estados totalitarios de izquierdas y de derechas, y que actuaron y actúan con fines intimidatorios y disociadores en los países democráticos. Encajan como anillo al dedo en el genoma violento que la Guardia Civil detecta en el movimiento secesionista. Genoma violento que predomina en la variopinta franja maximalista encabezada por Puigdemont, lo que justificaría con creces el acatamiento de la euroorden para la extradición del prófugo.

Sembrar cizaña

Después de sembrar cizaña en el seno de las ramas catalanas de UGT y CCOO al amancebarlas con la plataforma Espai Democràcia i Convivència, enésima tapadera del frente subversivo (LV, 29/3), el presidente sectario del Parlament, Roger Torrent, se colocó en las antípodas de la democracia y la convivencia cuando Isabel Garcia Pagan le preguntó si defiende la actuación de los CDR (LV, 8/4) y él contestó:

Defiendo la libertad de expresión y de manifestación de cualquier persona o colectivo. No podemos criminalizar la protesta no violenta porque entonces ponemos en riesgo los derechos fundamentales.

Esto, dicho por alguien que se cisca en la democracia, la convivencia y los derechos fundamentales de 3.550.000 ciudadanos catalanes que no los votaron ni a él ni a sus compadres, refleja hasta qué punto el enjambre de parásitos no puede seguir disfrutando de la buena vida si no navega hacia paraísos falsos abrazado al mástil de la posverdad.

En fin, habrá que confiar en que los dos millones de ciudadanos que cayeron en las redes de los timadores profesionales palpen con sus propias manos la magnitud del desastre social y económico que estos indecentes provocaron con sus desafueros. Y que al descubrir la estafa de que han sido víctimas hagan suya aquella sentencia que no me canso de repetir y que dictó Màrius Carol, harto de su propia complicidad con los embaucadores (LV, 14/12/2017): "O enterramos el procesismo o cavará nuestra tumba". (Ay, la complicidad se reactiva, y el 11/4 leo en el editorial del diario que dirige Carol, en defensa de los procesistas radicales de los CDR encausados por terrorismo: "El rigorismo no es buen consejero". ¿Manos libres para el procesismo que cavará nuestra tumba si no lo enterramos antes?).

Y para enterrarlo habrá que impedir que los siempre astutos estrategas del proceso consumen, con fingido pragmatismo, la "reiteración delictiva" que el juez Llarena se esfuerza en impedir, recordando que la legislación alemana, hoy tan en boga, prohíbe los partidos secesionistas.

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