Yolanda Díaz cocina la miseria

EDITORIAL

No hay mayores expertos en maquillar la miseria, que en el Gobierno de Sánchez e Iglesias. Mientras el mercado laboral se desangra, Yolanda Díaz y sus secuaces retuercen vilmente las estadísticas para esconder la verdadera realidad a la que se enfrenta la economía española. Que España haya roto en febrero la barrera de los 4 millones de parados -por primera vez desde 2016-, ya es un dato suficientemente grave por sí solo, pero lo peor es que el drama no se queda ahí. No hay más que profundizar en los números que no aparecen en las notas de prensa ministeriales para comprobar que el Ejecutivo social-comunista tiene ocultas a otras 2 millones de personas que tampoco trabajan. 

El caso de los ERTE es sin duda uno de los mayores fraudes contables. El instrumento laboral más utilizado en la crisis del coronavirus se ha convertido en el gran aliado estadístico del Gobierno. A principios de la pandemia, una encolerizada Yolanda Díaz negaba que fuera a considerar en sus cuentas a los ERTE como parados y, desde entonces, se ha servido de esta dudosa definición para sacar de las listas del paro a un buen grueso de ciudadanos.

El pasado mes de febrero, el número de personas afectadas por un ERTE alcanzó la friolera de las 900.000 personas en España, una cifra que, lejos de disminuir, aumenta mes a mes. Por tanto, estamos ante casi un millón de personas que están en sus casas si trabajar, cobrando una prestación pública y que cada vez tienen más difícil volver a sus puestos de trabajo. Es cuestión de tiempo que buena parte de ellos pasen a engrosar las listas del INEM y la farsa de Yolanda Díaz quede al descubierto. 

Pero la cocina contable va más allá de los ERTE. Herencia del funesto Zapatero es que tampoco cuenten como parados todos aquellos que están realizando algún cursillo y que en febrero fueron 297.346 personas. También están fuera de la estadística oficial los demandantes de empleo con "disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica”, que son los que indican en su solicitud de empleo condiciones especiales para trabajar, como que sea teletrabajo o a domicilio. Estos son otros 408.853 borrados de un plumazo. Por tanto, sumando todos los epígrafes anteriores estamos ante más de 5,6 millones de personas sin empleo a los que el Gobierno no considera parados por mera propaganda estadística. 

Y quedan los autónomos. En febrero había más de 500.000 trabajadores por cuenta propia con el negocio cerrado y cobrando de la Seguridad Social una paga por cese de actividad. Así, en total, estamos hablando de más de 6 millones de personas que están en un limbo laboral del que les va a resultar muy difícil salir. Es decir, 2 millones más que que los que contabiliza el Gobierno.

Mientras el tejido productivo del país amenaza con volar por los aires, Sánchez e Iglesias han conseguido dopar artificialmente el mercado laboral generando un peligroso espejismo. Su condición empobrecedora y asistencialista les lleva a regar a los ciudadanos con prestaciones y rentas, en lugar de favorecer que sean las empresas las que cumplan su función pagándoles el salario que merecen. Es imprescindible actuar ya para ayudar a las empresas, que son las verdaderas generadoras de empleo. España no se puede permitir ni un solo cierre más. 

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