Votar a ciegas

EDITORIAL

Una de las reformas de calado que necesita con urgencia nuestro régimen electoral es acabar con las anacrónicas prohibiciones que operan en el último tramo de cualquier cita con las urnas. A pesar del desarrollo tecnológico de la sociedad y la extraordinaria penetración de las redes sociales, en España existe una serie de restricciones legales que impiden a los electores conocer las últimas encuestas sobre intención de voto, precisamente en el tramo de la campaña en el que revisten mayor utilidad.

En efecto, la legislación prohíbe dar a conocer las últimas tendencias de las series demoscópicas, lo que no implica que estos estudios no se sigan realizando día tras día por parte de los partidos políticos. La consecuencia es que, en la última semana de la campaña electoral, los españoles quedan a merced de los mensajes interesados que las diferentes formaciones políticas quieran destilar, sin que podamos saber si esos pronósticos de última hornada responden o no a la realidad.

Las restricciones informativas que impone la ley electoral española permiten a los grandes partidos utilizar en su propio beneficio estos datos, como estamos viendo esta última semana con el anuncio de un crecimiento inesperado de la ultraizquierda o el descenso, también extrañamente acusado, de la otra formación política emergente que opera en el centro del espectro político.

En un contexto donde el ejercicio del poder se dirime entre dos fuerzas mayoritarias los efectos de estas manipulaciones de última hora resultan limitados. Ahora bien, cuando un país celebra a unas elecciones generales tan abiertas como las que hoy tienen lugar en nuestro país, las consecuencias de mantener a ciegas al electorado en el tramo decisivo de la campaña electoral son de una trascendencia prácticamente definitiva.

España debe eliminar estas absurdas restricciones de las campañas electorales, como ocurre en otros países con mayor tradición democrática. Estas elecciones deberían ser las últimas en que las principales fuerzas políticas se aprovechen de una ventaja tramposa que, además, trata a los los votantes como si fueran menores de edad.

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