Un Gobierno contra la Justicia

EDITORIAL

El auto emitido ayer por la Audiencia Provincial de Palma sobre el caso Nóos, en el que exculpa a la Infanta Cristina de la principal acusación que pesaba sobre ella, agrava todavía más si cabe el descrédito de la Justicia española en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años. Con esta decisión, la Audiencia de Palma culmina los esfuerzos de la Fiscalía y la abogacía del Estado a lo largo de la instrucción para evitar a toda costa que la hermana del Rey se siente en el banquillo de los acusados, una situación procesal que, a tenor de la gravedad de los delitos que se le imputan, habría resultado inevitable de tratarse de cualquier otra persona.

La decisión judicial adoptada ayer reviste una especial importancia para el futuro judicial de la esposa de Iñaki Urdangarín porque es el delito de blanqueo de capitales, precisamente el que la Audiencia de Palma dejó ayer sin efecto, el que hubiera determinado que la Infanta Cristina se hubiera visto obligada a enfrentarse al juicio oral en los mismos términos que la esposa del socio de su marido, a la que no le han alcanzado ni la generosidad de la fiscalía ni la magnanimidad de los magistrados de la Audiencia Provincial. La acusación por dos delitos fiscales, que pesa todavía sobre la Infanta, es ahora susceptible de ser interpretada en función de la denominada "doctrina Botín", en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que permite exculpar a un imputado por delitos fiscales cuando la acusación pública, la abogacía del Estado y la representación de los perjudicados (si los hubiere) no consideran la existencia de tal delito. La Audiencia Provincial deja ahora a criterio del juez Castro la posibilidad o no de aplicar esa jurisprudencia, de resultas de lo cual la Infanta podría quedar exculpada de todas las acusaciones que pesan hasta el momento sobre ella por el enriquecimiento ilícito del que fue beneficiaria junto a su esposo.

La escandalosa actuación de la Fiscalía – de la oficina "anticorrupción" para mayor agravio- y la no menos ofensiva de la Agencia Tributaria, han llegado a unos extremos tales que hasta la Audiencia Provincial, que ha aceptado en parte las delirantes teorías de ambas representaciones, no ha tenido más remedio que poner de manifiesto la sorpresa que sus decisiones procesales han causado incluso a los propios magistrados.

En efecto, las decisiones del fiscal Horrach y de la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda pública han ido desde el principio encaminadas a exonerar a la Infanta de cualquier delito, a pesar de la constancia documental de hechos indubitables que deberían, como mínimo, "decidirse en un juicio oral y, por tanto, con sometimiento a los principios de audiencia, inmediación, contradicción y publicidad", tal y como recuerda la Audiencia en este auto. De hecho, el que la Fiscalía y la Hacienda Pública actúen como unos defensores más de uno de los acusados, en lugar de perseguir precisamente el delito en representación del interés público es, además de un escándalo sin precedentes, un fraude de ley y una perversión de los fundamentos del propio sistema judicial que debería llevar aparejado algún tipo de sanción para los protagonistas de este desafuero.

Ahora bien, a nadie se le escapa que ni el pobre fiscal Horrach -cuya imagen ha quedado ya maltrecha probablemente hasta el fin de su carrera profesional-, ni la Agencia Tributaria, han actuado de esta manera sorprendente por propia iniciativa. Las dos instituciones dependen orgánicamente del Ejecutivo, cuyo presidente ya mostró claramente por dónde iban sus intereses en este asunto cuando afirmó públicamente, en una entrevista televisiva, estar absolutamente seguro de que "a la Infanta le va a ir muy bien".

La famosa reunión con el Rey Juan Carlos, en la que el exministro de Justicia Ruíz Gallardón habría prometido al monarca un cortafuegos judicial que evitara a su hija el trance del banquillo, ha dado como resultado este engendro jurídico que perjudica la imagen de nuestra Justicia pero también la de la Casa Real, hoy encarnada en un Rey con una conducta en todos los sentidos que sólo se puede calificar de irreprochable .

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