Sánchez desarma a la población en la lucha contra la pandemia

EDITORIAL

Al presidente felón ya no le interesa combatir la propagación de la covid-19, un ámbito donde su Gobierno ha cosechado un fracaso monumental. Este pasado fin de semana lo dejó bien claro en Sevilla, donde acudió a arropar al vencedor de las primarias de su partido, al obviar cualquier mención a una pandemia que, lejos de remitir, está agudizándose como lo refleja la cifra ascendente del número de contagios.

Pero a Sánchez le da igual la situación epidemiológica de los españoles, puesto que no es algo de lo que pueda extraer un rédito político, sino todo lo contrario. Por eso, sus palabras se centraron únicamente en las medidas económicas que va a poner en marcha su Gobierno, aprovechando el gran impulso inercial que le van a proporcionar los fondos para la recuperación de la UE.

A la peor gestión de la crisis pandémica, que ha convertido a España en el país desarrollado con mayor número de fallecidos y contagiados, el Gobierno socialcomunista suma ahora también su incapacidad para crear un marco legal apropiado para que las autoridades puedan combatir la expansión del virus con rigor sanitario y sujeción a los principios constitucionales. De hecho, Sánchez hizo todo lo contrario con un abusivo estado de alarma que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, un varapalo judicial tan demoledor que el pobre Conde-Pumpido, leguleyo para los recados del socialismo, ha tenido que revolcarse una vez más en el barro tratando de aportar argumentos espurios a los ministros más ignorantes para que arremetan contra la Justicia con la bajeza que caracteriza a los socialcomunistas.

La situación de España en plena quinta ola se caracteriza por la inexistencia de un marco legal uniforme que permita adoptar medidas coordinadas en todo el territorio nacional. En lugar de acordar con los gobiernos autonómicos una estrategia consensuada con el adecuado soporte legislativo, el Gobierno socialcomunista ha provocado un vacío jurídico tan demencial que hace que las medidas contra la propagación del virus sean decididas en sus territorios por cada tribunal superior de justicia según su particular criterio.

Sánchez ignora las exigencias de las comunidades, que reclaman al Gobierno una estrategia común para toda España, y agrava el riesgo de todos los ciudadanos ante una pandemia vírica que, a pesar de la trompetería gubernamental y sus medios afines, está todavía muy lejos de ser derrotada.

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