Ofensiva socialcomunista contra la lengua española

EDITORIAL

Los nacionalistas tienen una obsesión enfermiza con el español en los territorios que controlan. Es lo lógico en unos partidos de corte identitario, que utilizan la lengua vernácula como herramienta para la división de la sociedad y el fortalecimiento de las redes clientelares que los mantienen en el poder. Pero a esta agresión constante del nacionalismo se suma ahora el Gobierno socialcomunista, dispuesto a dar el golpe definitivo al derecho a utilizar en la esfera pública la lengua común de todos los españoles.

La reforma educativa impulsada por el Gobierno, conocida como Ley Celáa, tiene como uno de sus ejes principales, precisamente, facilitar a las autonomías gobernadas por el nacionalismo la erradicación del español en sus programas educativos. No es de extrañar el júbilo con el que ha sido recibida esta nueva ley de Educación por los partidos separatistas, de cuyo apoyo depende que Sánchez e Iglesias sigan empotrados en La Moncloa.

Las críticas a esta reforma anticonstitucional coinciden en que la nueva norma plantea las bases para la erradicación del español en la enseñanza. Como señalan acertadamente los escritores firmantes del manifiesto contra esta funesta reforma educativa, Sánchez ha dado un salto cualitativo al firmar una ley “aprobada a instancias del independentismo y asumida como propia por el Gobierno”, que “ha eliminado de su articulado tanto la condición del castellano como idioma oficial, como la de ser lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”. La consecuencia inevitable, afirman, es que “expropiará a las generaciones futuras el patrimonio y el tesoro común que es el castellano” y las “desconectará paulatinamente del resto de compatriotas desde el punto de vista histórico y emocional”.

Con este precedente no cabe extrañarse de que los mandarinatos socialistas en regiones con arraigo nacionalista estén llegando a extremos, entre infames y grotescos, como en Baleares, donde el Ejecutivo socialista presidido por la inefable Francina Armengol ha creado una oficina pública para paliar el “dolor” de no poder hablar la lengua de “los Països Catalans”. Por no mencionar las acciones aberrantes de las organizaciones financiadas por el separatismo para perseguir el uso del español que, en pleno delirio, llegan a acusar incluso a la televisión de la Generalidad de permitir eventualmente algunos contenidos en castellano.

Es una auténtica vergüenza que los sindicatos de enseñanza, tan activos con sus mareas verduzcas cuando el Gobierno del PP trataba de paliar la catástrofe educativa provocada por la izquierda, guarden un silencio tan estruendoso ante uno de los ataques más siniestros de las últimas décadas contra el derecho a la Educación de todos pero, muy especialmente, de las familias menos pudientes. Su actitud los convierte en cómplices infames de una ley que el Tribunal Constitucional debería rechazar de plano con una sentencia ejemplar.

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