Lo que se ocultó del 9-N y se quería ocultar del 1-O

EDITORIAL

Tal y como era previsible, Pablo Llarena ha desestimado los recursos de los acusados por el 1-O y ratificado el auto de procesamiento que dictó contra todos ellos el 21 de marzo, lo que significa que el juez mantiene que hay indicios de delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Aunque sea ineludible subrayar que Llarena insiste en que hubo violencia "conscientemente asumida y buscada" por parte de los golpistas y aluda al mensaje televisado del Rey como respaldo a su auto de procesamiento, no menos trascendencia tiene el hecho de que haya despejado las dudas en torno a la malversación de caudales públicos, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pusiera en cuestión hace unos días la existencia de dicho delito al negar que los golpistas utilizaran dinero público para financiar el 1-O.

Puede entenderse el tono conciliador con que Llarena se refiere en el auto a Montoro, después de que éste haya aportado al juzgado, según asegura el juez, documentos que, lejos de desacreditar, ratifican los indicios de malversación. Ahora bien, una cosa es que el ministro de Hacienda no se haya atrevido a ocultar documentalmente ante un juzgado el delito de malversación perpetrado por los golpistas y otra cosa muy distinta que no lo hiciera verbalmente en unas como mínimo desafortunadas declaraciones en las que literalmente aseguró que los procesados no habían utilizado dinero público para sufragar los gastos de la ilegal consulta secesionista. Lo cierto es que Montoro dijo lo que dijo, y lo peor es que no era la primera vez que negaba la utilización por parte de los golpistas de dinero público para usos tan ilícitos como el de la referida consulta.

Recuérdese que el Gobierno del PP, con la aquiescencia de la oposición –incluido Ciudadanos–, también silenció la malversación de caudales públicos perpetrada por los separatistas con ocasión de la primera y no menos ilegal consulta secesionista del 9-N (2014). Recuérdese que, desde que Eduardo Torres-Dulce presentara su dimisión como fiscal general del Estado tras instar, a iniciativa propia, las actuaciones por este delito contra Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, el Ministerio Público fue paulatinamente reduciendo los cargos contra los acusados hasta reducirlos únicamente a los de desobediencia y prevaricación, lo que significaba que nadie tendría que ingresar en prisión.

Aquella bochornosa e injusta sentencia del TSJC, que ni castigaba ni disuadía, mereció el aplauso de la indolente y pusilánime clase política y alimentó el desafío victimista e insurreccional de los golpistas. Y aunque la ceguera voluntaria de las elites políticas, periodísticas y judiciales no lo quisiera ver, hubo malversación de fondos públicos en el 9-N, tal y como ha reconocido el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas en su informe final.

Así las cosas, bien está que el juez Llarena ratifique su auto de procesamiento contra todos los acusados. Pero que no descarte que los abogados de los golpistas vuelvan a citar a Montoro o incluso a Rajoy como testigos de la defensa...

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