La política fiscal del PP es una vergüenza

EDITORIAL

Que el PP de Mariano Rajoy incumpla los objetivos de déficit acordados con Bruselas no es ninguna novedad, puesto que lo lleva haciendo desde que tomó las riendas del Gobierno en 2012, y, por desgracia, que el ridículo ajuste acometido desde entonces se haya conseguido a base de subir impuestos tampoco. Los populares han subido todas y cada una de las figuras tributarias durante la pasada legislatura, algunas de ellas hasta niveles récord, exprimiendo al máximo el bolsillo del contribuyente en lugar de reducir el insostenible sector público, y, pese a que ahora gobiernan en funciones, nada ha impedido que mantengan intacta esta contraproducente política fiscal.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un nuevo sablazo tributario, en esta ocasión centrado en las empresas, para recaudar algo más de 8.000 millones de euros extra al año con el fin de reducir mínimamente el déficit y, de este modo, aproximarse al umbral del 4,6% pactado recientemente con Bruselas. El Ejecutivo se escuda en que no quedaba más remedio y en que, en el fondo, no se trata de una subida, sino de un mero adelanto en el pago del Impuesto de Sociedades. La hipocresía, desvergüenza y absoluto descaro que ha demostrado el PP en esta materia parece no tener límites.

España cerró el pasado ejercicio con un agujero fiscal equivalente al 5% del PIB, muy por encima del objetivo del 4,2% comprometido con la UE. Tras meses de negociaciones, Rajoy logró de nuevo suavizar la senda presupuestaria para establecer el umbral en el 4,6% este ejercicio, pero ni aún así ha sido capaz de cumplir. Los datos disponibles hasta julio muestran que, lejos de reducirse, el déficit estaba aumentando a un ritmo del 8% interanual, con lo que se corre el riesgo de superar incluso el 5% registrado en 2015. Sin embargo, en lugar de aplicar un marginal y anecdótico recorte de 4.000 ó 5.000 millones de euros, equivalente a menos del 1% del gasto público total, Cristóbal Montoro, el peor y más irresponsable ministro de Hacienda que ha tenido España en décadas, ha optado por desvalijar sin contemplaciones la tesorería de las empresas, el gran motor de crecimiento del país.

El atraco, en esta ocasión, asciende a algo más de 8.000 millones de euros. Aunque sobre el papel no se trata de una subida de impuestos, el efecto es idéntico, puesto que lo que pretende el Gobierno es financiarse a cargo de los resultados empresariales para maquillar su irresponsable y nefasta gestión presupuestaria. Las compañías que facturen más de 10 millones de euros al año, cuyo número asciende a unas 9.000, tendrán que adelantar al Gobierno el pago total del Impuesto de Sociedades, con independencia de sus beneficios reales. Cuando se liquide finalmente el ejercicio, se harán las cuentas y, puesto que la mayoría de compañías habrán pagado más de lo que corresponde por ley, Hacienda les devolverá el dinero. El problema, sin embargo, es que esta medida no es extraordinaria, sino que se mantendrá en el tiempo hasta que el déficit baje del 3%, de modo que el próximo año tendrán que adelantar igualmente el dinero.

Este cambio, por tanto, opera como una especie de préstamo. Las empresas son obligadas a financiar al Estado de forma temporal pagando más de lo que les corresponde por el Impuesto de Sociedades, a costa, eso sí, de reducir inversiones y generar menos riqueza y empleo. Y todo ello, sin contar la inseguridad jurídica que supone aprobar un hachazo de estas características a tres meses del cierre del ejercicio, con nocturnidad y alevosía, obligando a las empresas a rediseñar sus cuentas de resultados y los proyectos previstos a corto y medio plazo.

Y lo peor de todo es que, al tiempo que Montoro justifica este expolio con su habitual soberbia, el PP negocia con el resto de partidos elevar el tope de déficit y de deuda de las Administraciones Públicas para que las CCAA puedan registrar este año un agujero del 0,7% del PIB en lugar del 0,3% estipulado inicialmente. De este modo, el Ejecutivo dispondrá de otros 4.000 millones de euros para poder repartir a gusto entre las autonomías más despilfarradoras e irresponsables a través del FLA. Así pues, el PP opta por saquear fiscalmente a las empresas, dañando al conjunto de la economía y, por tanto, el bolsillo de todos los españoles, para que los políticos más manirrotos sigan malgastando el dinero de todos con el único fin de mantenerse en el poder.

Este nuevo impuestazo no es más que el penúltimo capítulo de una larga serie de despropósitos fiscales protagonizados por Montoro y avalados gustosamente por el Gobierno de Mariano Rajoy durante estos últimos años. El PP ha decidido machacar a impuestos a empresas y familias para evitar la impopularidad de los recortes con nefastos resultados, tanto a nivel económico como político: dichas subidas han dañado gravemente el crecimiento potencial de España y su capacidad pata generar empleo; sin que el déficit se reduzca lo necesario, ya que España registra el segundo mayor agujero fiscal de la zona euro tras Grecia; con una deuda que supera ya el 100% del PIB; a costa de engañar y traicionar a sus electores, con la consiguiente sangría de votos; y sin que ello, curiosamente, sirva para que el PP se quite de encima el sambenito de los recortes y la austeridad que tan hábilmente ha logrado colgarle la izquierda política y mediática.

En resumen, un desastre sin paliativos para España, para los contribuyentes e incluso para el propio PP.

A continuación