La discriminación del español como política transversal

EDITORIAL

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha declarado la nulidad parcial del decreto regional que establecía el modelo lingüístico en la enseñanza pública y concertada para el próximo curso. Los magistrados han tomado esa decisión al considerar que la norma vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Carta Magna.

Según el tribunal, el Gobierno del socialista Ximo Puig iba a discriminar a los alumnos que optaran por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligieran el valenciano como lenguavehicular, ya que estos últimos recibirían más horas de docencia en inglés.

Una vez más, son los jueces los que tienen que instar a los poderes públicos a respetar derechos fundamentales de los ciudadanos, conculcados de manera muy especial con la inmersión lingüística, que se promueve, sin excepción, en todas aquellas comunidades autónomas en las que, además del castellano, se habla otra lengua española. Ahora no es en Cataluña –territorio donde el español lleva décadas desterrado de la vida pública– sino en Valencia donde es necesario apelar a la Justicia para poder ejercer el derecho esencial a recibir instrucción en la única lengua común de todos españoles, que es la misma que tienen en común todos los valencianos.

Para mayor oprobio del Gobierno, la resolución del TSJV se produce no a instancias de la Fiscalía o la Alta Inspección del Ministerio de Educación, sino tras un recurso planteado por un sindicato independiente de funcionarios (CSIF), sin el cual este atropello habría quedado impune.

La discriminación de los castellanoparlantes es un ominoso hecho constatado en media España, y la perpetran Gobiernos de todo signo, de derechas y de izquierdas, nacionalistas y no nacionalistas. Verdaderamente, es de no creer; pero está sucediendo desde hace ya décadas. España, en esto, sí es bochornosamente diferente.

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