Iglesias en su cloaca

EDITORIAL

La filtración del contenido del teléfono de una antigua asistenta de Pablo Iglesias, con frases violentamente machistas del líder podemarra, fue utilizada por el hoy vicepresidente del Gobierno para hacerse pasar por víctima de las "cloacas del Estado", que andarían afanadas en impedir su ascenso político.

El capo comunista hizo de ello un argumento central de su campaña electoral, para movilizar el voto de la extrema izquierda. La apertura de diligencias en la Audiencia Nacional y su declaración como testigo sirvieron al personaje encumbrado por Pedro Sánchez para hacer un despliegue de agitprop liberticida contra los medios que publicaron mensajes extraídos del móvil de su semejante Dina Bousselham, al tiempo que denunciaba histéricamente su condición de víctima de "las cloacas".

Como siempre que se trata de Iglesias o de Podemos, todo era mentira.

En realidad, Iglesias tenía la tarjeta del teléfono sustraído a Bousselham ya a comienzos de 2016, pero no se la devolvió hasta pasados seis meses –como mínimo–, y además inutilizada. Así pues, lejos de ser una víctima de los aparatos del Estado, el podemarra podría haber incurrido en varios delitos y mentido en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional (AN), razón por la cual el juez Manuel García-Castellón lo ha expulsado del proceso, en el que figuraba como acusación particular.

El escándalo no hace sino acrecentarse porque la panfletista podemarra Bousselham, cuya declaración en la AN fue clave para destapar la verdadera trama, intentó desactivar su testimonio con un escrito posterior dirigido al juez instructor. Casualmente, en esos días anunció que abandonaba Podemos y pasaba a dirigir una web amarillista al servicio del propio partido chavista. Por su parte, la Fiscalía General se vio obligada a abrir una investigación por revelación de secretos del fiscal del caso a la abogada de Podemos, con la que, para colmo, mantendría una relación muy estrecha.

Cada vez queda más claro que, en este asunto, Iglesias no es una víctima, sino un personaje descalificable al que entregaron la tarjeta de un teléfono robado a una persona de su círculo más íntimo, con fotos y vídeos muy comprometedores, y en lugar de devolvérsela inmediatamente a la susodicha, la conservó durante al menos medio año mientras clamaba estaba siendo objeto de una conspiración urdida por las "cloacas del Estado". Cuando su exasistenta reconoció que el sórdido comunista tuvo la tarjeta en su poder, la obligó a retractarse; a cambio, le habría obsequiado con la dirección del flamante panfleto podemarra, como un señorito decimonónico que se deshace de una amistad femenina incómoda.

En definitiva: de este turbio caso se desprende que el vicepresidente de Pedro Sánchez es uno de esos machirulos a los que detestan nominalmente en su formación de extrema izquierda; que urde campañas de intoxicación de la opinión pública con total desfachatez; que no duda en mentir en sede judicial y que podría haber cometido varios delitos, que la AN no podrá investigar por su condición de aforado. Sería ante el Tribunal Supremo donde este indeseable tendría que dar cuenta de su indigno proceder en un escándalo que ni siquiera sus cómplices mediáticos van a poder tapar.

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