Fuerzas de Seguridad del Estado, no del Gobierno

EDITORIAL

Uno de los peores hábitos del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la utilización aberrante de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para coartar y reprimir críticas absolutamente legítimas al amparo del desaforado estado de alarma decretado con la excusa de la lucha contra el covid-19. Recuérdese a este respecto la comparecencia del jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en que afirmó que el Instituto Armado tenía como misión neutralizar las críticas a la penosa gestión de la crisis por parte de un Ejecutivo que tiene por vicepresidente a un sujeto que llegó a proclamarse emocionado cuando vio cómo se pateaba a unos agentes antidisturbios en las algaradas antidemocráticas de los indignados podemarras de Rodea el Congreso.

Con creciente y muy preocupante frecuencia se ve a miembros de las FSE sofocando protestas populares que, a diferencia de las que suele perpetrar la izquierda, no tienen componente violento alguno ni están alentadas por el deseo de generar perturbaciones desestabilizadoras del régimen constitucional. Sino que buscan llevar al espacio público la crítica a la execrable gestión del Gobierno de una pandemia de la que es tremendamente responsable, como de hecho denuncian literalmente ya decenas de españoles ante los tribunales.

El portavoz de la Unión Federal de Policía ha informado este lunes en los micrófonos de esRadio de la existencia de "órdenes políticas", transmitidas por las Delegaciones del Gobierno, absolutamente improcedentes en una democracia, por muy en estado de alarma que se esté. Igualmente injustificable es el acoso a los ciudadanos que, convocados por el tercer partido de la Nación, han salido a la calle con banderas nacionales pero cumpliendo escrupulosamente con todas las medidas de protección establecidas por las autoridades.

Tanto Vox como el mencionado sindicato policial coinciden en acusar a Sánchez de estar abusando de la situación para imponer un estado de excepción, vulnerando los derechos de manifestación y reunión.

Los mandos policiales han de tener bien presente en todo momento que las órdenes manifiestamente ilegales deben ser inmediatamente puestas en conocimiento de la ciudadanía y de la Justicia. Esto no es la Venezuela del execrable Iglesias, sino una democracia; por eso aquí lo que hay son Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no del Gobierno.

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