El paro y el descontrol de las ayudas de la UE

EDITORIAL

Con más de cuatro millones de parados en las listas del SEPE –sin contar 705.000 en cursos de formación y otros 900.000 en ERTE que no figuran en las listas oficiales de desempleados- la situación del mercado laboral en España es crítica. Los datos del mes de febrero conocidos este martes han dejado claro que el frenazo económico se está intensificando muy especialmente en nuestro país y que la peor cara de la crisis económica aún puede estar por llegar.

Ante este panorama se ha de insistir, lógicamente, en la urgencia que tiene España a la hora de recibir los fondos europeos de más de 140.000 millones de euros de los que unos 70.000 son a fondo perdido. Ahora bien, como ya se advirtió en estas mismas páginas, la exigencia de celeridad y agilización en la recepción de ayudas no debe ser excusa para orillar un requerimiento no menos exigible, como son la transparencia en el reparto de los fondos y el absoluto respeto a las normas que regulan la distribución de los mismos. Y es que “una cosa es acabar con los cuellos de botella en la gestión y otra, muy distinta, hacer caso omiso de las normas y procedimientos que tratan de erradicar la arbitrariedad y el clientelismo en el reparto de dinero público”.

Pues bien. Esto es precisamente lo que viene a denunciar el ocultado dictamen del Consejo de Estado, que se ha podido por fin conocer este lunes, respecto del Real decreto del Gobierno que regula la recepción y reparto de dichos fondos europeos. Y es que la principal critica del Consejo de Estado a dicho decreto es la falta absoluta de “controles”  para administrar esos fondos, abriendo la puerta a una jugosa arbitrariedad a la hora de decidir quién recibe y quién no el maná europeo.

En su informe, el Consejo de Estado se muestra preocupado por la eliminación o modulación de mecanismos de control "en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones", llevada a cabo por el Gobierno en dicho Real Decreto.

Ante tan demoledor dictamen del Consejo de Estado, se entiende que el Gobierno social/comunista haya querido ocultarlo como así ha venido haciendo a pesar de los constantes requerimientos del PP, Vox y C,s para que lo hiciera público. En este sentido, es cierto que los dictámenes del Consejo de Estado no son preceptivos ni vinculantes a la hora de aprobar reales decretos, pero lo que no era ni es de recibo es que el Ejecutivo tratara de ocultar lo que dicho dictamen afirma.

¿Qué transparencia en el reparto de fondos públicos cabe esperar de un Gobierno que perpetra tamaña ocultación de un dictamen emitido por un Órgano Consultivo sostenido por los contribuyentes?

A eso hay que sumar el caso omiso que el Ejecutivo social/comunista está brindando hasta la fecha al condicionado que establece Bruselas a cambio de unos fondos que no están destinados a hacernos indefinidamente dependientes de la ayuda exterior sino a procurar un sostén mientras se acometen reformas de reducción del gasto público y de liberalización de la economía que van en dirección opuesta a lo que pretenden socialistas y comunistas.

Grave e insostenible es que el Gobierno pretenda hacernos estructuralmente dependientes de la ayuda exterior; pero aun es más bochornosa la falta de transparencia y de control a la hora de repartir dicha ayuda.

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