El mito del cambio constitucional

EDITORIAL

Al escuchar a la inmensa mayoría de los políticos se puede tener la idea de que los cambios legislativos son capaces de solucionar cualquier problema. La verdad, sin embargo, es que subir el Salario Mínimo Interprofesional no hace que de repente todos los trabajadores sean más productivos, que las leyes contra la corrupción no acaban con la corrupción y que un par de presupuestos no son capaces de cambiar el modelo económico, por poner sólo tres ejemplos.

La idea del poder absoluto y milagroso de las leyes es muy del gusto de los políticos; precisamente, porque les otorga un poder descomunal y ceba el mito de la necesidad del control político sobre casi cualquier actividad.

Un marco legal que permita a los ciudadanos desarrollarse como individuos y profesionalmente es crucial, pero las leyes no hacen milagros por sí mismas, menos aún si son malas y jamás si pretenden ordenar cada aspecto de la vida.

Así las cosas, llama poderosamente la atención la fe de tantos partidos en un cambio constitucional que parecería que debe solucionar todos los problemas de España: los económicos y los provocados por el nacionalismo; la degradación de las instituciones y el fracaso del sistema educativo; el disparatado coste de la sanidad y el déficit de las pensiones.

Lo sonrojante es que se hable de reformar la Constitución cuando ésta se vulnera impunemente en asuntos fundamentales. Ahí está la Administración regional catalana como ejemplo, que está en la práctica fuera de la ley y vulnera con alevosía derechos constitucionales básicos como el de estudiar en la lengua común de todos los españoles y todos los catalanes.

Si no se respeta lo sustancial de la Constitución, es ridículo pensar que una reforma profunda o una nueva Carta Magna de corte socialista que gustara a los liberticidas de Podemos fueran a solucionar los problemas más acuciantes. Es absurdo creer que la reforma de corte federal que le gustaría al PSOE acabaría con el golpismo separatista. Y es demencial asumir que un texto que tendría un respaldo muy inferior del que obtuvo la actual Ley Fundamental en 1978 servirá para regenerar el sistema, tal y como pretende Ciudadanos.

España tiene suficientes leyes; de hecho, el de la inflación legislativa es uno de los más graves que tiene planteados. Una genuina nueva política no pasaría tanto por seguir el legislacionismo y el manoseo de la Constitución como por poner orden en tal maraña y velar por el cumplimiento de las normas más esenciales para el bienestar y la convivencia. Pero, claro, esta es una manera de ver las cosas que gusta menos a los políticos, a los viejos y a los nuevos.

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