El fin de los okupas en España

EDITORIAL

El problema de los okupas ha alcanzado cotas aberrantes en España a lo largo de los últimos años. La absoluta indefensión que sufren los propietarios por culpa de una ley injusta y mal diseñada, que ampara a los delincuentes en lugar de a los legítimos dueños de los inmuebles, y la vergonzosa y cómplice connivencia que han mostrado los políticos, especialmente la extrema izquierda, con la okupación, han terminado por disparar este fenómeno a nivel nacional.

Tan solo en Madrid cerca de 5.000 viviendas permanecen okupadas, pero son decenas de miles las propiedades que han sido usurpadas en todo el país a manos de mafias organizadas o meros caraduras, cuyo único objetivo es beneficiarse con la venta y disfrute de bienes ajenos. Se trata, simple y llanamente, de un robo. Pero lo más grave es que, a diferencia de lo que sucede con otros crímenes, los okupas han gozado hasta el momento de plena impunidad, tanto desde el punto de vista legal como político. Como consecuencia, los propietarios, además de tener que sufrir semejante atropello, han tenido que esperar meses, cuando no años, para poder recuperar sus viviendas debido a las trabas jurídicas y la enorme lentitud de la Justicia.

Todo ello atenta de forma directa contra el derecho fundamental a la propiedad privada, pero es que, por si fuera poco, la multiplicación de casas okupas en el centro de las ciudades ha terminado generando graves problemas de convivencia vecinal e incluso de seguridad pública, puesto que son muchas las viviendas usurpadas que se destinan a la comisión de actividades ilícitas. Hasta tal punto ha llegado el escándalo que en los últimos meses se han aprobado algunas iniciativas para tratar de frenar esta plaga, pero se han demostrado absolutamente ineficaces contra los delincuentes.

La propuesta que acaba de presentar el PP de Pablo Casado, por el contrario, da justo en el clavo. Tanto es así que su aprobación acabaría de raíz con el problema de los okupas en España, a imagen y semejanza de lo que sucede en otros países ricos y civilizados. La iniciativa, que protege a todos los propietarios por igual, tanto personas como empresas, impondría penas de cárcel a los okupas, en lugar de meras multas que nunca se pagan, tal y como sucede en la actualidad, al tiempo que agiliza los procesos judiciales, sobre todo contra las mafias organizadas.

Sin embargo, lo más importante es que garantiza un mecanismo ágil, rápido y eficaz para que los dueños recuperen sus inmuebles de inmediato, en un plazo máximo de 24 horas. La clave aquí radica en que la víctima podrá acudir directamente a la Policía y, sin necesidad de autorización previa por parte del juez, proceder al desalojo de los okupas, empleando el uso de la fuerza en caso necesario, sin tener que esperar meses o años como acontece hoy. El fin de la protección jurídica de la que hoy disfrutan los okupas es una cuestión de dignidad, justicia y puro sentido común.

No es concebible que los legítimos propietarios sean víctimas de un robo y que el Estado, lejos de perseguir el crimen, se dedique a defender a los delincuentes. La propuesta del PP es intachable y, si bien es cierto que Vox lleva tiempo defendiendo una medida similar, el hecho de que se extiendan y compartan este tipo de soluciones entre las formaciones políticas es digno de aplauso. Allá la izquierda si quiere proteger a los okupas. La decencia política siempre ha de estar del lado de los ciudadanos honrados, jamás de los delincuentes.


 

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