El Ebro vuelve a desbordarse, el Sureste sigue sin agua y España, sin Plan Hidrológico Nacional

EDITORIAL

Cuando se produce el deshielo y tienen lugar las precipitaciones típicas de la primavera, el río Ebro suele desbordarse y provocar daños de consideración en las localidades ribereñas. En tremendo contraste, el Levante, que tiene la agricultura más intensiva, moderna y rentable de Europa, carece de los recursos hídricos necesarios para poder sacar adelante su producción y mantener centenares de miles de puestos de trabajo.

Mientras el Ebro acumula un caudal superior a los 2.500 hm3 por segundo en momentos de máxima crecida, los agricultores del Sureste ven sus explotaciones agonizar por falta de esa agua que se pierde en el Mediterráneo sin que nadie saque el menor provecho de ello. La situación es tan surrealista que el Ebro verterá al mar en poco más de una semana el agua que necesita el Sureste para satisfacer por un año las necesidades de la cuenca del Segura, el único río de España con déficit estructural.

Los problemas formidables que lastran el desarrollo de la mejor agricultura del continente habrían desaparecido de haberse ejecutado el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el último Gobierno de José María Aznar, en el que no sólo se contemplaba la llegada de agua dulce del Ebro a las tierras del Sureste, sino que se planteaba un vasto programa de infraestructuras para mejorar los aprovechamientos en la propia ribera del Ebro, pues todavía hay poblaciones cercanas al gran río que sufren en el periodo estival restricciones en el abastecimiento.

El PHN de Aznar no era un proyecto disruptivo ni surgido de la nada. Ya en 1933 el socialista Indalecio Prieto, al frente del Ministerio de Obras Públicas, elaboró un ambicioso plan hidrológico para acabar con las situaciones de sequía en las tierras levantinas. Sesenta años después, otro ministro socialista, Josep Borrell, abordó un nuevo PHN aún más ambicioso que el que finalmente aprobaría el Gobierno del PP, pues preveía el trasvase de 1.800 Hm3 del Ebro al Segura, frente a los 1.050 que finalmente quedaron fijados en el proyecto de Aznar.

Sin embargo, otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, dio al traste con el proyecto trascendental al derogar el PHN por decreto ley nada más llegar a la Moncloa: pagaba así el peaje exigido por los separatistas catalanes y el PSC a cambio del respaldo a su investidura. Así se dio la puntilla a una obra pública, para colmo financiada en su práctica totalidad con fondos europeos, que solucionaba la escasez de agua en una parte de España que podría experimentar un desarrollo agrícola extraordinario.

Zapatero tomó esa desastrosa decisión en 2004, y desde entonces nada nuevo se ha hecho para que España pueda contar con un PHN que haga algo tan sencillo y de sentido común como llevar el agua que sobra y provoca inundaciones en el norte hacia el sur, donde es necesaria para la supervivencia de centenares de miles de familias.

La clase política autonómica utiliza este problema para enfrentar a los territorios, y las secciones locales de los partidos nacionales en las cuencas cedentes utilizan sin pudor esta absurda guerra del agua como gran baza electoral. En este punto, no habría que perder jamás de vista que la gestión de los recursos hídricos de la Nación es competencia exclusiva del Gobierno, que tiene la obligación de elaborar un PHN, tal y como establece la Ley de Aguas, aprobada por Felipe González (otro socialista) en 1985.

No se trata de privar de un recurso necesario a unas regiones para entregárselo a otras, ni de robar agua a nadie, como falazmente aseguran una y otra vez socialistas y populares en las regiones con recursos sobrantes. Tan solo se trata de aprovechar una mínima parte del agua que se vierte al mar para garantizar el sostenimiento económico de la zona con la mejor y más avanzada agricultura de Europa, algo que se traduciría en un crecimiento general de la economía y contribuiría a vertebrar la Nación en beneficio de todos .

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