Despolitizar la justicia para limpiar la política

EDITORIAL

Los portavoces de todos los partidos con representación parlamentaria han querido este miércoles dar lecciones al PP en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, basta echar un vistazo a la prensa de los últimos años, incluso de la última semana, para comprobar que ningún partido tiene legitimidad para dar lecciones a ningún otro.

Al margen de los ERE, del caso de los Pujol, de la cuenta suiza de Trias, de los cargos socialistas detenidos en la Operación Púnica, basta echar un vistazo a las noticias de las últimas 24 horas, en las que también tienen protagonismo IU y el PSC, para constatar que la corrupción es un problema transversal que no va unido a las siglas de ningún partido, sino a la condición humana.

Es cierto que el hartazgo ciudadano no se disipará si cada partido hace la guerra por su cuenta o trata de servir a sus intereses en un asunto que amenaza la credibilidad del sistema tanto como da alas a formaciones totalitarias que, más que regenerarlo, tratan de dinamitarlo. Pero tampoco será solución un acuerdo en torno a un paquete de medidas cosméticas.

La corrupción hundirá sus raíces en la condición humana, pero no aflora ni se desarrolla igual en ámbitos donde hay transparencia que donde no la hay; donde el poder de decisión de los gobernantes es más amplio y discrecional que donde está más limitado y sometido a la ley; donde el gobernante maneja más porción del dinero de los contribuyentes que donde esa porción es menor; donde los partidos tienen un funcionamiento interno democrático que donde impera el digitalismo; donde hay auténtica separación de poderes que donde el Poder Judicial es mera correa de transmisión del Ejecutivo.

Algunas de las propuestas del PSOE, como reformar la ley para que los corruptos devuelvan el dinero robado, el cese automático de los altos cargos que sean citados a juicio oral o la implantación de primarias por ley, son positivas. También lo son algunas de las que ha anunciado el Gobierno del PP, tales como la obligación de que las cuentas de ingresos de los partidos reflejen todas las subvenciones, así como las donaciones que superen determinada cuantía. Será útil también la obligación de aprobar directrices de contratación por parte de los partidos o la fiscalización ex post del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses.

Sin embargo, estas positivas medidas quedarán cojas si los órganos fiscalizadores no son independientes y, sobre todo, si los altos tribunales siguen manejados por los políticos. La partitocracia es el abono de una corrupción que debe ser combatida con mayor democracia en el seno de los partidos, con elecciones primarias y con listas abiertas. Y estableciendo una auténtica división de poderes, sin la cual toda legislación contra la corrupción puede quedar en papel mojado.

Rajoy ha pedido perdón. Falta ver si esta petición va acompañada de propósito de enmienda y si éste llega tan lejos como para que aquél cumpla, con o sin acuerdo, las promesas de regeneración democrática que otrora abanderó su partido.

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