Cumplir la Constitución antes de reformarla

EDITORIAL

El aniversario de la aprobación de la Carta Magna adquiere este año una significación especial como consecuencia de la campaña para su reforma impulsada por diversos partidos políticos. Parece que hay un amplio acuerdo en la necesidad de una reforma constitucional, si bien no existe hasta el momento un documento compartido con las líneas maestras que hay que abordar para llevar a cabo con éxito un cambio tan esencial en nuestro modelo de convivencia. El caso del PSOE resulta especialmente llamativo, tanto por la inconcreción de su idea reformadora como por la importancia que estas siglas todavía tienen en la política española, pues a tenor de las declaraciones de insignes socialistas, con su secretario general a la cabeza, todo consiste en legalizar los incumplimientos y traiciones de los partidos nacionalistas para que "se sientan cómodos en España" a través de un "mejor encaje de Cataluña".

Parece mentira que después de 36 años intentando satisfacer sin éxito las exigencias y abusos del separatismo, haya políticos como Pedro Sánchez que cifran su programa político en aumentar -aún más- estas concesiones que socavan el principio fundamental de igualdad de todos los ciudadanos. Pero es que, además de injusto, el propósito de Sánchez es perfectamente inútil, puesto que la única razón de ser del nacionalismo es fomentar agravios imaginarios con la petición de nuevos privilegios, en una escalada que no puede tener fin por las propias características políticas y sociológicas del fenómeno del separatismo. Cuatro décadas de deslealtades, injusticias, traiciones y afrentas nos eximen de un relato más exhaustivo.

La paradoja de estos movimientos reformistas procedentes de la izquierda es que tratan de modificar un documento que está muy lejos de haberse aplicado en su integridad. El problema en Cataluña o el País Vasco no es que la Constitución se haya quedado trasnochada, sino que jamás se ha puesto en práctica en los términos previstos en la propia Carta Magna, que garantiza principios básicos como la libertad de los ciudadanos y la igualdad de todos los españoles. Peor aún, estos incumplimientos conscientes de los principios constitucionales por las fuerzas separatistas se han llevado a cabo sin que los distintos Gobiernos del Estado hayan utilizado los mecanismos constitucionales destinados a hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional.

La Constitución Española, como toda obra política, está lejos de ser perfecta. Ahí están la creación de una fórmula delirante como las "nacionalidades" en su preámbulo o el Título VIII, que consagra el actual Estado Autonómico a través de la fórmula del "café para todos" impuesta durante la Transición. Una reforma constitucional en defensa del interés de España y de la igualdad de todos los españoles debería ir precisamente en sentido contrario del que propugnan socialistas y nacionalistas. Sólo la centralización de competencias esenciales para la vertebración nacional y la reducción del enorme aparato burocrático autonómico pueden tener algún sentido para justificar una reforma de este calado. Pero incluso bajo esas saludables premisas, iniciar un proceso de reforma constitucional en estos momentos sería un grave error.

Por un lado porque en medio de una crisis económica galopante, la operación secesionista en marcha, un clima generalizado de corrupción y la emergencia de fuerzas antisistema que pretenden acabar con el orden constitucional, sería un completo despropósito poner en cuestión además las bases mismas de nuestro sistema democrático. Pero si, además, los intentos de reforma van encaminados precisamente a debilitar la unidad de España y aumentar las desigualdades entre los ciudadanos, como pretenden Pedro Sánchez y sus compañeros de viaje en la izquierda, lo más sensato es oponerse a la apertura de un proceso que, dada la nula fiabilidad de sus protagonistas, agravaría los problemas que ya padecemos en lugar de resolverlos.

Antes de plantear la necesidad de reformar la Constitución es necesario que las autoridades del Estado, todas, la obedezcan y, en caso contrario, que el Gobierno la haga cumplir. Nuestra Carta Magna tiene todavía resortes, preceptos y mecanismos suficientes para poner freno a muchos de los males que aquejan a la nación española. Tomemos como ejemplo final, y el más descriptivo, la necesaria separación de poderes y despolitización de la Justicia, un principio enunciado en la Carta Magna y traducido en un procedimiento de elección de los órganos de la Judicatura, que el primer gobierno socialista de Felipe González hizo pasar a mejor vida sin que ningún otro Ejecutivo posterior haya querido rehabilitarlo. En relación con este asunto vital para la existencia de un verdadero Estado de Derecho vale la pena traer a colación el conjunto de medidas propuesto por los jueces decanos de España hace unos días. Que entre más de medio centenar de medidas no haya la más ligera mención a la necesidad de que exista una verdadera separación de poderes para combatir eficazmente la corrupción, da una idea del grado de desamparo del texto constitucional respecto a las instituciones que deberían aplicarlo a rajatabla.

Los distintos Gobiernos de España y sus principales instituciones no han estado a la altura de las circunstancias, pero eso no es un problema de redacción de la Constitución ni de la estrechez de miras de los padres de la Carta Magna como se pretende hacer ver. Más bien es la consecuencia de tener unas autoridades del Estado acomodaticias para preservar sus privilegios y de la cobardía de una clase política que ha actuado siempre con un complejo tan atroz como injustificado frente a los nacionalistas, al precio de perjudicar los intereses comunes de todos los españoles y, especialmente, de los que viven en los territorios controlados por el separatismo.

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