Andalucía: 'violencia de género' y transparencia máxima

EDITORIAL

Un día después de que el líder de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano, alertara en Twiter de la existencia de condenas por malos tratos basadas en informes de psicólogos sin la titulación necesaria, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Psicólogos ha denunciado que Andalucía tiene externalizado el servicio de peritaje judicial, algo que afecta a los casos de violencia de género y a los informes que sirven para determinar, por ejemplo, quién debe quedarse con la custodia de un menor y con la vivienda común en caso de divorcio.

Según denuncia Chacón, la Administración andaluza saca periódicamente a concurso el peritaje psicológico de los juzgados, en una especie de subasta a la baja que hace que el servicio se lo quede la empresa privada que haga la oferta menos costosa para el Erario. Chacón aboga por que el criterio no sea meramente económico, como sucede en Andalucía, puesto que si la empresa adjudicataria es la que menos dinero invierte en el servicio de peritaje es muy probable que acabe contratando a recién licenciados sin experiencia.

Aunque del hecho de que las peritaciones estén externalizadas no se tenga que derivar necesariamente que los psicólogos de las empresas adjudicatarias carezcan de la titulación necesaria o de una mínima experiencia, es evidente que ese riesgo existe cuando el criterio de adjudicación es exclusivamente económico. Sea como fuere, resultaría especialmente vergonzoso que PP y Ciudadanos se opusieran a una de las primeras peticiones realizadas por Vox –partido gracias al cual han podido formar Gobierno–: que el Parlamento andaluz aporte datos sobre los trabajadores de las Unidades de Violencia de Genero entre los años 2012 y 2019. Recuérdese a este respecto que el propio Consejo General de los Colegios Oficiales de Psicólogos ya cursó en noviembre de 2011 dos denuncias ante el Ministerio de Justicia en las que se quejaba de la elaboración de protocolos de evaluación sobre violencia de género sin la intervención de psicólogos y denunciaba que en ese tipo de valoraciones abundaban las injerencias, los "intrusismos" y las "irregularidades". A la segunda denuncia se sumó también la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense.

Aunque lo más escandaloso sea la propia Ley contra la Violencia de Género, que tan pésimos resultados ha cosechado, y que de forma tan clara ha erosionado principios constitucionales como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, resulta claro que su desarrollo y aplicación en algunas comunidades la hace aun más impresentable.

Ya resulta lamentable que partidos como el PP y Ciudadanos respalden ese bodrio jurídico; pero el colmo de la desfachatez sería que se negaran a un ejercicio elemental de transparencia y regeneración democrática como la publicación de los datos sobre los trabajadores de las Unidades de Violencia de Genero que les ha requerido Vox, pues no sólo permitiría conocer la titulación y experiencia de los peritos, sino el destino de las cuantiosas subvenciones que se reparten.

Todo parece indicar, sin embargo, que se van a negar. Dada la orfandad a la que someten a los cada vez más numerosos ciudadanos damnificados por la ominosa Ley contra la Violencia de Genero, que luego no se quejen del auge extraordinario de Vox.

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