La falta de soluciones del Gobierno aboca al tejido empresarial a una situación crítica

Daniel Rodríguez Asensio

Llevamos un año conviviendo con el Covid19, tiempo suficiente para comenzar a sacar conclusiones claras. El informe al respecto podría ser muy extenso, pero en el caso de España creo que hay dos que sobresalen sobre todas las demás.

La primera es que quien enfrenta salud y economía es porque no sabe gestionar ni una cosa ni la otra. Nuestro país no sólo es el que mayor mortalidad tiene de todo el mundo desarrollado. También, desafortunadamente, es el que mayor caída del PIB ha sufrido en 2021, el de mayor tasa de paro y de paro juvenil de toda la UE, donde más se ha incrementado el desempleo, el de mayor déficit público y en el que más empresas se han destruido.

La factura social de esta crisis es larga y tardará años en cicatrizar. La gran pregunta es cuánto tardaremos en reabsorber los más de 5 millones de personas que hay en el paro, teniendo en cuenta que ya se han destruido más de 100.000 empresas.

Y aquí hilo con la segunda gran lección de esta crisis: No hay mejor política social que el empleo. Uno de los mayores problemas que tiene España ahora mismo es que ha incrementado su endeudamiento en 20 puntos porcentuales y lo ha destinado a actividades sin retorno económico. El resultado, como señala FEDEA en su último informe, es un tejido empresarial que a día de hoy tiene el 40% de las empresas al borde de la reestructuración de deuda en los próximos meses, y a casi medio millón de empresas con problemas de solvencia y al borde de la desaparición.

O, dicho de otra manera, España puede verse obligada a afrontar la recuperación habiendo perdido casi el 25% de su tejido productivo, y con dos motores económicos (el automovilístico y el turístico) gripados y arrastrando datos estructurales.

El Gobierno de la Nación lo sabe. Como sabe que ha sido el que menos ayudas ha concedido a nuestros empresarios. Concretamente, el 1,3% del PIB con cargo al presupuesto, frente al 5% que ha concedido, por ejemplo, Alemania. SI tenemos en cuenta los planes de ayuda a la conservación de rentas vía esquemas temporales de empleo (en España, los ERTE) la factura asciende al 4,3%, frente al 8,3% de Alemania o al 5,10% de Francia.

Una vez más, el dato mata al relato. La inacción del Gobierno, bien sea por imposibilidad o por incapacidad, es evidente y afecta directamente a todo el país.

Mientras Sánchez nos deleita con pegatinas en vacunas o con espectáculos dantescos en el Congreso de los Diputados, la realidad empresarial es muy dura:

  • La facturación empresarial ha caído un 14% en 2020, la mayor caída de los últimos 12 años.
  • La deuda empresarial ha crecido un 6,2% en el último año, un ritmo no visto desde 2008. O, dicho de otra manera, las empresas deben 50.000 millones de euros más que a principios de 2020.
  • La destrucción empresarial continúa, e incluso se acentúa. Según los datos del INE, en diciembre se han disuelto 3.000 empresas, lo cual supone un 10,4% más que en diciembre de 2019… y un 54% más que en noviembre de este año.

El goteo de ERTE, de quiebras y de salidas del país continúa. Esta semana Bosch ha anunciado el cierre de su plante de Barcelona y El Corte Inglés el primer ERE de su historia. Pero no se preocupen, que, según el Gobierno de España, salimos más fuertes.

En esta columna llevamos advirtiendo desde hace meses acerca del encefalograma plano que muestra nuestro tejido empresarial. Tras un año de irresponsabilidad y de cierres por decreto como única medida para luchar contra el Covid, la situación es aún peor.

Pero no se preocupen. Aunque tardío, Sánchez tiene un plan (nótese el tono irónico). Primero fue una bomba de humo de Nadia Calviño, que cifró en 20.000 millones de euros el plan de ayudas a las empresas. Ahora ha sido el propio presidente del Gobierno, quien, lejos de mejorarlo o de detallarlo, lo ha reducido a 11.000 millones de euros y ha generado, como no podía ser de otra manera, más interrogantes que certezas.

Porque deslizar que una posibilidad sea que el plan se base en quitas de deuda de créditos ICO cuyo coste soporten tanto el Estado como los bancos es una irresponsabilidad, a la vez que un disparate.

¿De verdad alguien piensa que declarar en suspensión de pagos a millones de empresas del país nos va a salir gratis? Es un hachazo a la credibilidad de nuestro tejido empresarial que sin duda restringirá, aún más, el crédito y podría alentar un efecto dominó de consecuencias imprevisibles. Esto, por no hablar del agujero que generaría en el balance de un sistema financiero débil, que debemos recordar que está acometiendo costosas fusiones sólo para fortalecer el balance ante las malas previsiones en el medio y largo plazo.

En definitiva, lo que propone el Gobierno de España es un tiro en el pie que no va a salir, tal es el disparate que supone.  

Los empresarios no quieren subsidios ni perder el control sobre sus empresas. Quieren que les dejen trabajar. O, dicho de otra manera, quieren un verdadero plan para convivir con el Covid19 sin que el cierre por decreto sea la principal (y, en algunos casos, la única) arma. Esto, y una reducción de la factura fiscal.

El caso de Madrid

Frente a un Gobierno de España sin rumbo ni credibilidad y con una manifiesta incapacidad para sacar adelante ninguna medida sensata está el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La estrategia de Ayuso de hacer compatibles la economía y la salud no sólo ha doblegado de forma más efectiva la segunda y tercera ola, sino que también está situando a la región como locomotora económica (una vez más) nacional.

La Comunidad de Madrid no sólo ha creado buena parte del empleo desde verano. Con los datos del PIB correspondientes al último trimestre del año, podemos decir que ha salvado a España de volver a registrar una tasa de crecimiento negativo. Mientras el país creció un tibio 0,4%, la capital lo hizo al 4%, que es un ritmo mucho más lógico cuando venimos de una crisis tan profunda como la del segundo trimestre del año.

Y, también, frente a la inoperancia del Gobierno de España, esta semana Ayuso dio las claves para dar liquidez a los empresarios y a los más desfavorecidos:

  • Exonerar de cotizaciones sociales a los que cobran el SMI,
  • Promover las devoluciones trimestrales de IVA a empresas y autónomos,
  • Y aprobar mecanismos de ayudas fiscales consistentes en la devolución del impuesto de sociedades para empresas con pérdidas con cargo a los beneficios obtenidos en ejercicios anteriores.

Frente al sectarismo y a la agenda ideológica, política del sentido común. En una situación como ésta hay que saber que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y que los empresarios no son ni cajeros automáticos ni prestamistas del Estado.

El camino para la recuperación nos lo enseñan países que ya han demostrado que saben salir mejor que nosotros de situaciones complicadas como esta. Nosotros preferimos coger el de la demagogia, los populismos y la ideología totalitaria.

Lo pagaremos. La deuda pública cada vez es más cara y el final del callejón sin salida en el que nos hemos metido cada vez se ve más cerca.

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