Pasaporte covid o el fin no justifica los medios

Cristina Losada

De nuevo, como tantas otras veces, sube la incidencia del virus y, de nuevo, hay Gobiernos autonómicos que se lanzan a restringir derechos fundamentales sin la debida justificación.

Se lo acaba de decir, con lujo de detalles, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Gobierno de esa comunidad. Un poco más y le recomiendan encarecidamente unas clases particulares, unos cursillos o algo para que aprendan a afinar. La decisión del TSJPV, sala de lo Contencioso-Administrativo, es la de no autorizar la orden por la que se establecía la exigencia de presentar el pasaporte covid para acceder a una serie de establecimientos. "Por muy loable que éste sea, el fin no justifica los medios cuando se vive en un Estado de Derecho", declara el tribunal en el preámbulo del auto.

El fin no justifica los medios. ¿Está claro? Evidentemente, no lo está. Cuando los tribunales toman decisiones contrarias a estas órdenes gubernamentales suele aparecer un coro de indignados. Los indignados con los tribunales tipo: "¡Ya están los jueces poniendo obstáculos a la lucha contra la epidemia!". Porque no se indignan con los Gobiernos que son incapaces de elaborar, con la necesaria justificación y la imprescindible exactitud, una orden que tiene por singular consecuencia la de restringir derechos fundamentales. Con los Gobiernos ineptos no se indignan. Se indignan con los tribunales que deben tutelar los derechos de los ciudadanos para que no se restrinjan, suspendan, limiten o anulen de cualquier manera y por cualquier cosa, ¡y se indignan con ellos cuando hacen lo que deben hacer!

La epidemia, o el modo de frenarla que adoptamos, ha puesto en todo momento a ciertos derechos en conflicto con otros. A estas alturas debería estar claro. Pero no tiene pinta de que se hayan enterado de la existencia de tal conflicto los que se echan las manos a la cabeza cuando los tribunales rechazan medidas que se presentan como necesarias y eficaces para detener al virus. Para ellos, todo lo que se pueda hacer con el propósito de reducir los contagios está justificado, per se. Porque sí. Porque el fin justifica los medios. La idea de que hay derechos que entran en conflicto les es ajena. Quizá les resulte ajena la idea de que existen derechos fundamentales.

Los tribunales se pueden equivocar. Pero los Gobiernos también. Esto último, sin embargo, nunca se les ocurre a quienes toman cada varapalo judicial a medidas contra la epidemia como una obstrucción alevosa, un ataque desalmado al derecho a la salud o un caso virulento de negacionismo. Debe dar mucha pereza leer los autos que exponen las inconsistencias e incongruencias de tales órdenes. La orden de la Consejería de Sanidad del País Vasco para imponer el pasaporte covid es una chapuza notable. Allí donde las cosas se hacen bien, las medidas pasan el filtro judicial. De ahí que en unas autonomías los tribunales acepten el pasaporte covid y en otras no. No estamos ante un caos judicial, sino ante el caos de la incompetencia gubernamental. Cuando se ha extendido tanto la indiferencia por la integridad de nuestros derechos fundamentales, hay que saludar que unos jueces recuerden a quienes lo hayan olvidado que el fin no justifica los medios.

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